Capturar la Corte, objetivo del oficialismo
Cuando en una sociedad se suscitan hechos como los que han ocurrido con el tema de la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería poco responsable suponer que con el simple transcurso de las semanas el asunto quedará en el olvido y que no habrá más consecuencias o que sólo es un tema de orden personal de la única y exclusiva incumbencia de los involucrados.
Objetivamente, la claudicación (nunca de mejor aplicación el sustantivo) del abogado es un asunto que entraña una muy delicada traición institucional. Por lo tanto, amerita que sean esclarecidos los hechos y circunstancias que rodearon la defección, desde luego desde las perspectivas tanto jurídicas como políticas, incluida una muy posible y desleal conspiración oficialista para darle oportunidad al presidente de proponer a un miembro de la Corte por los siguientes 15 años, sin tener ese derecho primigenio.
En primer lugar, debemos retrotraernos en el tiempo para preguntarnos desde cuándo se vino fraguando la renuncia, quién o quiénes fueron partícipes en la misma. La fecha de cómo se gestó la determinación del ministro es muy trascendente, ya que su posterior llegada a la campaña de la precandidata oficialista revela un sesgo y actitud parcial frente a los asuntos de la agenda pública y muy probablemente hacia los asuntos que como máximo juzgador tuvo que resolver.
Otro tema no menor, es el relacionado con los pendientes que dejó el exministro. De acuerdo con información del portal Latinus, en un evento académico reciente, la ministra Loretta Ortiz señaló que Zaldívar habría dejado 170 asuntos pendientes de resolver. Lo anterior podría dejar ver una razón igualmente reprobable y más pedestre para su huida de Pino Suárez: la aversión al trabajo en el último año de responsabilidades y un frío cálculo de costos de oportunidad.
Sobre la terna enviada por el titular del Ejecutivo al Senado para ocupar el sitial del otrora poderoso ministro, solo basta decir que él mismo ha reconocido públicamente su cercanía personal y política con las abogadas enlistadas. A cuál más, las tres son miembros de la familia de causas partidistas, con un largo historial de trayectos compartidos, historias e incluso episodios por esclarecer. Eso sí, con la lealtad a toda prueba, sin importar de que se trate del poder que nació hace siglos para equilibrar y ponerle freno a los excesos de los gobernantes.
Es previsible, que dicha terna no prospere de primera intención en la cámara de Senadores. Se sabe que, gracias al defectuoso mecanismo de evaluación y elección de ministros, finalmente el Ejecutivo tendrá la última palabra. De manera tal que, de no darse próximamente un mínimo de decoro republicano, es posible que veamos en las próximas semanas a otro miembro del obradorato vistiendo toga y decidiendo sobre las libertades y derechos de los ciudadanos. Eso es lo que al final quieren: acotar la esfera de derechos fundamentales de las y los mexicanos, para la consolidación de un proyecto autoritario, de escasas libertades y espacios muy limitados para la pluralidad y el disenso. Eso es lo que está detrás del llamado Plan C, Captura de la Corte: la más peligrosa regresión de todas, la regresión de las libertades ciudadanas. (Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo).
