Dos comisiones de la verdad, un mismo problema
Se han creado dos comisiones de la verdad en la actual administración. Las dos han sido originadas por instrucción del Ejecutivo: una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, la Covaj, y una comisión de la verdad para la Guerra Sucia. Ambas comisiones se crearon, según palabras del presidente y del subsecretario Encinas, para acabar con el ocultamiento de la verdad y la impunidad que han caracterizado estos dos casos de graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, lo que tienen en común estas dos comisiones es que requieren acceso a información y documentos en manos del Ejército para poder desentrañar todas las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos investigados. Es aquí donde yace su problema.
Las comisiones de la verdad se han creado en varias partes del mundo, sobre todo en países de América y África, para intentar establecer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos que suelen ser negados y ocultados. Otra de las características de las comisiones de la verdad es poner al centro a las víctimas de estos hechos violentos que muchas veces han sufrido revictimización y persecución por parte del Estado. Estas comisiones pueden desencadenar en recomendaciones puntuales a las instituciones responsables de estas violaciones, así a las responsables de su ocultamiento. Sin embargo, las comisiones de la verdad no sustituyen ni equivalen a procesos de justicia penal, usualmente acompañan estos procesos, pero no los reemplazan.
Respecto a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, como los familiares de los estudiantes y sus representantes legales, alertaron al gobierno de la falta de colaboración por parte del Ejército para acceder a documentos clave respecto al caso. Documentos que fueron encontrados en las propias instalaciones del ejército y cuya existencia y veracidad después fueron negadas.
En el caso de la comisión de la verdad para la Guerra Sucia, ayer se dio a conocer por parte del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la comisión un caso similar: la modificación, destrucción y ocultamiento de información y documentación por parte del Ejército sobre el periodo que investigan.
Ante las preocupantes revelaciones de estas dos comisiones de la verdad, la respuesta del Ejecutivo ha sido clara: deslegitimar y poner en duda a los integrantes de estas comisiones y grupos. Tanto el GIEI como el MEH han sido tildados por el presidente como malinformados o mentirosos. La única evidencia que ha dado para hacer estos señalamientos es que las fuerzas armadas lo obedecen. Si estos grupos, que fueron creados por su mandato, dicen que no pueden acceder a documentos clave de estos casos los que están equivocados son ellos, no el ejército.
Se podría pensar que tan sólo estamos ante un atolladero por parte de las comisiones, una falta de claridad en la instrucción presidencial que exigía la apertura total de toda la información correspondiente a los dos casos. Sin embargo, las opiniones del presidente han sido claras. Si se tiene que poner en duda la palabra de miembros del ejército o de las integrantes de sus comisiones de la verdad, el presidente respalda al Ejército. (Especialista en temas de justicia, anticorrupción y tecnología cívica)
