Financiamiento de precampañas: empresas fantasma y corrupción
¿De dónde sacan dinero los partidos políticos para financiar sus campañas internas? Esta es una pregunta que requiere de un análisis riguroso, uno que va más allá de lo que podría parecer la respuesta típica, es decir asumir que únicamente del dinero que cada partido político asigna para tal efecto. Y esta pregunta requiere de un análisis a profundidad urgente, sobre todo tomando en cuenta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dio luz verde a las precampañas ilegales de las dos alianzas que iniciaron hace un par de semanas y que continuarán hasta que dé inicio el periodo oficial de precampaña, la tercera semana de noviembre.
Aludiendo a la autodeterminación y autoorganización que los partidos políticos tienen para poder elegir a sus candidatos, el Tribunal Electoral ordenó al INE generar lineamientos para regular, entre otras cosas, la fiscalización de los gastos en los que incurran los partidos y precandidatos en esta temporada. Ante esto el INE emitió el día de ayer una serie de lineamientos iniciales para fiscalizar estos gastos.
Sin embargo, conviene preguntarse el por qué se decide hasta ahora legislar sobre estos procesos si la ley electoral es clara en los periodos que competen a los partidos políticos para generar sus campañas internas. ¿Qué pudo haber cambiado de la anterior elección presidencial a la actual, que obligara a las autoridades electorales a emitir lineamientos exprés para regular una actividad que es considerada ilegal por la ley? La respuesta parece ser que la mayoría de los partidos políticos decidió violar la ley.
Lo dispuesto por la ley electoral sobre delimitar el tiempo de precampañas respondía al intento de garantizar la equidad entre los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular, independientemente del partido o alianza por el cual se postulen, así como evitar el financiamiento ilícito de las precampañas y campañas electorales. Esto último es lo que preocupa en este caso. Pondré un ejemplo de los peligros de extender las precampañas: el uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos a favor de algún precandidato.
Cuando realizamos la investigación "Facturas falsas: la epidemia en el sector salud" en Impunidad Cero y Justicia Justa, uno de los descubrimientos que más nos alarmaron tenía que ver con el pronunciado aumento del pago por parte de instituciones de salud pública del Estado de México de facturas a nombre de empresas fantasma en 2016 y 2017, es decir un año antes y el año de las elecciones para la gubernatura del estado. De un pago por más de 130 millones de pesos en facturas falsas en 2015 (detectadas para el Estado de México), se pasó a un pago de más de 737 millones de pesos en facturas falsas en 2016 y un pago de más de 525 millones de pesos en 2017.
Aunque el desvío como tal para el financiamiento ilegal de campañas no pudo comprobarse en esta investigación, la coyuntura del aumento de este tipo de corrupción justo en plena contienda electoral resultó extremadamente preocupante. Cabe señalar además que muchas de las empresas y contribuyentes usados en este esquema de corrupción fueron declarados como fachada por el SAT, tiempo después de haber recibido estas facturas. Dado el aumento en las últimas semanas de espectaculares, pintas en bardas, eventos en varios estados, regalos con las fotos y nombres de los precandidatos, meses antes de que inicien las precampañas, es importante tomar en cuenta las diversas formas en que las empresas fantasma se pueden utilizar para financiar ilegalmente estas campañas. (Especialista en temas de justicia y anticorrupción)
Twitter: @itelloarista
