El plan (b) de institucionalizar la incertidumbre

La actualidad mexicana se está definiendo por la evidente tensión por la necesidad de sostener un régimen democrático cuyos atributos se empiezan a diluir en medio de una fuerte corriente morena abyecta a los deseos presidenciales que han detenido y/o desviado un proceso de consolidación de la misma.  

La batalla por el control del INE ha desbordado el sentido común, el consenso político para reconocer la legitimidad, la legalidad de las instituciones, normas y procedimientos electorales. López Obrador y su rebaño se han convertido en lo que por décadas combatieron desde diversas trincheras, la duda que emerge ante lo sucedido en el Senado con el plan B es la secuela de esos constantes atropellos a la Carta Magna que se ha convertido en un instrumento para el ejercicio de un "fast track" para la cacareada transformación.  

El burdo intento por encontrar a través del debilitamiento de las instituciones la vía (manipulación) para el cambio, ha formado una adaptación de las apariencias que desconoce cualquier ruta de conciliación y diálogo. 

Morena emula la aplanadora legislativa del pasado neoliberal. Bajo el dedito acusador del pasillo palaciego se dicta la línea sin sopesar de manera estratégica el riesgo.

La ruptura es un hecho innegable. La administración de la misma es cuestión de tiempo. La apuesta de atropellar las reglas y normas plasmadas en la Constitución rayan en lo inadmisible hasta para los juristas más genuflexos al régimen; transferir votos para que los partidos satélites y sin credibilidad alguna sobrevivan ad infinitum su registro pinta de cuerpo entero la imagen que pretenden consolidar. Mal haría López Obrador en permitir este bodrio de plan b que con el tiempo perjudicará su legado y a sus "corcholatas".

Lo que es bueno para uno será bueno y utilizado por todos. Sin distinción ni matices.

Una reforma que se aprueba sin el mínimo consenso de todos los partidos es una garantía de polarización, discordia, cuestionamientos y hasta violencia.

Ejemplos sobran en el mundo. El proceso electoral del 2024 enciende las alertas de despachos estratégicos de casa e internacionales.

Con la nula posibilidad de sancionar las campañas, el uso de recursos que podrían ser de procedencia ilícita de un gobierno que ya es visto como cómplice tácito de organizaciones criminales –etiquetadas como terroristas domésticos-- es un escenario peligroso para el régimen.

Desafiar el statu quo geopolítico sosteniendo que lo que pasa en México se queda en México es por decir lo menos, una fantasía.

El proceso electoral del 2024 es visto como punto de inflexión en varios rubros. La disrupción encabezada por el presidente trae consigo una inercia enorme en un entramado de intereses, modelos y procesos que darán una interesante batalla.

Y la coyuntura de estar en una cruenta lucha interna y además prepararse para el contexto internacional no es un escenario ideal para un gobierno desordenado, caótico y voraz.

A ello hay que sumar que no pasan desaprecibidos los arreglos y chantajes tras las bambalinas políticas-legislativas. El camino aún es largo pero lo indiscutible es que de seguir esta ruta de confrontación política y violencia verbal institucionalizando la incertidumbre que fortalece la imagen de un gobierno que debilita la democracia, da pie a escenarios mucho más complejos y derivará de señales mucho más enérgicas.

Es cuestión de tiempo.

Twitter: @GomezZalce