La censura no es nueva, la desmemoria sí
En días recientes se han escrito varias notas argumentando que Morena está censurando a los medios más que nunca, aumentando restricciones a la libertad de expresión con una fuerza sin precedentes.
Los argumentos sufren de una enorme desmemoria.
La censura a los medios no es nueva en México. Es verdad que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, no debió haber iniciado un proceso en contra del periodista Luis González por daño moral. Hacerlo es un atentado contra la libertad de expresión y, en última instancia, una falta de oficio político por parte de la gobernadora.
Sin embargo, sostener que este caso constituye una nueva cara de la censura, un elemento nunca visto por su gravedad o intensidad, implica ignorar la realidad y cómodamente desconocer que, lamentablemente, en México atentar contra la prensa no es nada nuevo.
Gobernadores como Mario Marín, Alito Moreno, Gabino Cué, Moreno Valle, Miguel Barbosa, Tomás Yarrington, Javier Duarte, todos, tienen escándalos fuertes por su relación con la prensa. El periodista Miguel Villarino fue detenido arbitrariamente después de criticar al gobernador de Campeche. La periodista Lydia Cacho fue detenida y torturada por órdenes del gobernador Mario Marín. El periodista Humberto Padgett fue demandado por daño moral por el gobernador del Estado de México. El periodista Ricardo Ravelo fue cancelado de las librerías y perseguido por el gobernador de Jalisco.
El listado es largo. Los gobernadores por décadas han operado como amos y señores de la prensa local, cultivando una relación enfermiza con el poder mediático.
Como ha mostrado el trabajo de Martín Echeverría, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la realidad es que en México "la promesa de una prensa libre y autónoma de la transición democrática nunca se cumplió". Por el contrario, durante todo el siglo XXI México ha sido una democracia donde la represión abierta o vedada hacia los medios permanece como una constante.
La forma más común de control de la prensa es el presupuesto de publicidad gubernamental, el cual ha sido siempre asignado de manera discrecional por el Gobierno en turno. Para muchos medios, el dinero del presupuesto de publicidad supone la mayoría, si no es que la totalidad, de sus ingresos, lo que irremediablemente los convierte en armas propagandísticas.
A la publicidad gubernamental hay que agregar los regalos, monetarios o en especie, que reporteros y editores con frecuencia reciben de funcionarios, empresarios o del propio crimen organizado disfrazado de benefactor. En algunos casos, los regalos duplican o triplican el sueldo formal de los periodistas.
Por eso, a nivel estatal, con demasiada frecuencia las conferencias de prensa son un espectáculo realmente penoso, donde las autoridades prácticamente le dictan a los periodistas locales la nota que deben publicar. No es raro que la manden ya escrita.
Así, salvo contadas excepciones, la prensa local en México funciona como una extensión de la oficina de relaciones públicas del gobernador. Un despacho más del Ejecutivo cuya autonomía es, de facto, inexistente. Pero en el mundo de la prensa local no hay buenos y malos, sino más bien muchos tonos de grises.
El ejemplo más evidente de ello es el oscuro negocio de la extorsión periodística. Personas que se hacen de un medio digital, canal de WhatsApp o de alguna red social de alto impacto para utilizarla como mecanismo de extorsión a cambio de dinero público.
Los extorsionadores encuentran noticias, ya sean ciertas o falsas, y cobran por el silencio de sus plataformas. Una cantidad importante de recursos públicos fluye hacia estos medios sin que ningún lado de la ecuación tenga incentivos para denunciar al otro.
El epítome de estos esquemas de extorsión fue revelado recientemente por la periodista Carmen Aristegui en su reportaje de Televisa Leaks. Según reportó, existía una oficina secreta dentro de la televisora para crear noticias falsas y esparcirlas a gusto de su director. El escándalo estalló como una bomba, pero pronto quedó sumergido en el silencio, no porque fuera algo nuevo y terrorífico, sino probablemente porque es algo tan común que nadie quiso poner las manos al fuego por denunciarlo.
Las redes sociales, aún menos reguladas que la prensa tradicional, se han convertido en un festín del poder económico y político, los cuales han desarrollado estrategias específicas de manipulación por medio de granjas de bots, cuentas manipuladas, influencers y organizaciones "civiles" a sueldo. Hay empresas que se jactan de vender la posibilidad de crear un "trending topic" en redes sociales y que manejan precios específicos según la viralidad que se desee alcanzar para cierta nota.
Por ello, la verdadera cuestión no es si los gobernantes de Morena están recurriendo a estos mecanismos para censurar a la prensa, sino por qué, independientemente del partido que esté en el poder, México no ha podido crear una prensa democrática, libre y autónoma.
Una buena respuesta proviene de la investigación de Grisel Salazar Rebolledo, profesora de la Universidad Iberoamericana, quien ha argumentado que democratizar la prensa requiere de "aliados estratégicos". Esto es, requiere de activistas, audiencias y un entorno de mercado que "actúe como una barrera" contra la manipulación de la prensa.
Es decir, se requiere una conversación de fondo para mejorar las condiciones de financiamiento de la prensa, cambiar la cultura de los lectores para que estos paguen por contenidos, auditar el uso de recursos públicos, acercar a las audiencias, mejorar la relación entre la prensa y los activistas, controlar la impunidad con la que se conduce el crimen organizado, en fin. Una larga lista de cambios de fondo que México ha dejado a un lado por décadas.
Recientemente, sin embargo, hay dos aspectos que me parecen nuevos y relevantes para la censura de la prensa.
El primer caso es lo ocurrido durante la elección judicial. Debido al perfil de los candidatos, muchos con formación legal, se intensificó el uso de recursos judiciales como herramienta de censura. A diferencia de aspirantes comunes, los abogados que competían para ser jueces conocían a fondo las lagunas legales que podían utilizar en contra de sus críticos. Muchos las usaron.
Un segundo aspecto novedoso es el refinamiento del litigio estratégico. Cada vez es más fácil para los ciudadanos recurrir al sistema judicial como mecanismo para intimidar a periodistas, quienes en su mayoría carecen de representación legal.
Abordar estos dos fenómenos requiere una revisión exhaustiva de las lagunas legales que hoy permiten, en manos de un Poder Judicial corrupto, el uso del derecho como herramienta de censura. Estimo que, tras la toma de posesión de los nuevos jueces, la litigiosidad se incrementará. Es urgente garantizar que las leyes cuenten con definiciones precisas que no puedan ser interpretadas de forma discrecional.
