¡La República en riesgo!
Con la aprobación del resolutivo enviado por la Cámara de Diputados, para la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por la mayoría de Morena y sus satélites en el Senado, se consuma (por el momento, falta la acción de inconstitucionalidad) un paso más del programa populista de la 4T: el desmantelamiento de la frágil democracia en México. Ruta parecida a la de Turquía (véase "Cómo perder un país" de Ece Temelkuran, editorial Anagrama, Barcelona 2019).
Pilar fundamental de cualquier democracia es la independencia del Poder Judicial, consecuencia de una auténtica división de poderes, columna vertebral de una República. Al eliminar los fideicomisos que brindaban recursos al PJF, se pone en riesgo esta independencia al hacerlo más dependiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo para su financiamiento, vía el presupuesto. Esa dependencia socava la confianza en la imparcialidad de sus decisiones, como se pretende con el INE y como sucedió ya con la CNDH en la que todos los consejeros renunciaron a Rosario Piedra Ibarra, dejando al organismo en calidad de escombro del Ombudsman que construyera el jurista Jorge Carpizo en 1990.
El principio de la división de poderes que nuestra Constitución consigna en el artículo 49 es resultado de una lucha histórica desde la Constitución de Apatzingán de 1814, reiterado en la de 1824, retomado en las de 1857 y 1917, fue negado por las dictaduras de Santa Anna y Porfirio Díaz en el siglo XIX y el sistema de partido hegemónico durante buena parte del XX. Apenas se hizo efectivo con el tránsito a la democracia a partir de los 70s de ese siglo. Negarlo como ahora lo hace AMLO y Morena con la iniciativa eliminatoria de los fideicomisos, es negar esa historia constitucional.
Es también negar la doctrina internacional en la que se sustenta ese principio. Primero con John Locke en su "Ensayo sobre el Gobierno Civil" (1690) para quien los poderes legislativo, ejecutivo y federativo debieran estar separados, y el legislativo compuesto de varias personas para evitar que el ejecutivo fuese supremo. Y luego con Montesquieu, en su "Espíritu de las Leyes" (1748) aún más explícito: "para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder", lo que se logra con la partición del supremo poder en legislativo, ejecutivo y judicial, y con la negativa de juntar dos o más de ellos en una sola persona o corporación, exactamente lo que hace el Ejecutivo con el control mayoritario del Legislativo y ahora con la conquista del Judicial.
Ese es el tema de fondo de los fideicomisos, y no la propaganda de acabar con privilegios de las y los ministros, suprimiendo órganos que afecta directamente a los trabajadores del PJF y sus adquiridos derechos laborales.
Pero además de todos estos atropellos constitucionales y doctrinales, quien mejor expuso el núcleo del problema en forma por demás diáfana, fue la exministra en retiro y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, mediante un claro recuento del número de trabajadores afectados y sus diferentes categorías: los 22 mil 896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad; 11 mil 314 secretarias(os) de tribunales, juzgados y de apoyo, directores de área, y administradores regionales; los 1,721 juezas y jueces y magistradas(os), así como los 1,211 defensores públicos y asesores jurídicos, todos los cuáles, dijo, "atienden a la población de menos recursos".
Aparte de esa defensa cuantitativa y de respaldo institucional y salvaguarda de derechos, acaso resalte más su defensa argumentativa cualitativa, en un momento que doña Olga acertadamente calificó de "definitorio" en su vida, al señalar: "La posibilidad de que dos Poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer Poder no es un ejercicio republicano". Fue la mejor advertencia desde la mayor tribuna legislativa, de que en efecto, ¡la República está en riesgo!
(Docente/investigador de la UNAM)
