¡Que viva México!
Esta película —a la que el Presidente llamó un "churro"— es una sátira muy profunda a la nueva moral de la sociedad mexicana. Su capacidad descriptiva es muy rica en significados.
Es cierto que en esta película hay una crítica gubernamental, pero el cuestionamiento a la nueva moral social es demoledora. Describe una dinámica familiar detonada por la ambición, que se deriva de la herencia del abuelo, quien era propietario de una mina. El beneficiario de este legado es el nieto, quien ya no vive en el pueblo, pues es un alto ejecutivo que labora en una empresa ubicada en la capital del país.
La visita de Poncho Reyes al pueblo que él abandonó veinte años atrás en busca de una nueva vida, permite el reencuentro de este protagonista con su familia original.
Este filme describe el contacto de dos realidades sociales y económicas opuestas, lo cual genera resentimientos. A lo largo de esta narración cinematográfica los conflictos empiezan a aflorar hasta matizarse en violencia.
La ambición y la crisis de valores morales detonan acciones violentas que ponen en riesgo la vida y concluyen en un asesinato que detona una parodia de justicia a modo, en el ámbito municipal.
No hay mejor conducto para lograr la sensibilización colectiva, que el humor implícito en la parodia. La crudeza descriptiva de esta película —sin concesiones moralistas— es su fortaleza.
México es un país sensible al humor y por ello este filme puede sensibilizar y después generar un movimiento social que ayude a cambiar nuestra realidad cotidiana.
Esta película es una crónica de la vida cotidiana actual. Sin embargo, la esperada respuesta presidencial —pretendiendo desacreditarla— es un impulso promocional que fortalece el interés público por verla. Juzgar la calidad cinematográfica es innecesario a partir de reconocer en Luis Estrada a un director respaldado por una importante trayectoria fílmica, donde se combina talento y oficio.
UN CRIMEN DE ESTADO
El fallecimiento de 40 sudamericanos en la estación migratoria de Ciudad Juárez —del INM— es total y absolutamente un crimen de estado.
Es la negligencia e insensibilidad del Estado Mexicano la culpable de estas muertes, por el trato inhumano que se les da a los migrantes indocumentados, pues las violaciones a los derechos humanos son institucionales.
¿Y las responsabilidades políticas?
Esta tragedia pone en evidencia la actitud gubernamental insensible frente al fenómeno migratorio, pues —más allá de la retórica— el sistema operativo del Instituto Nacional de Migración está viciado desde hace muchos años y este gobierno lo ha tolerado.
Castigar a los funcionarios que no abrieron la reja del centro de detención migratorio, no resuelve el problema ni impide que no vuelva a suceder.
La tolerancia a la corrupción que practican agentes del INM y policías municipales, estatales y federales sigue operando porque no hay voluntad política para frenarla.
Este escándalo que costó casi 40 muertes representa la última llamada para una reestructuración del sistema migratorio. La responsabilidad política de esta tragedia la evaden todos los involucrados.
Cabe hacer la pregunta: ¿Cómo hubiera reaccionado frente a esta tragedia Andrés Manuel López Obrador si él no fuese hoy presidente de México, sino líder opositor? ¿Qué renuncias estaría exigiendo?
Seguramente quienes pagarán por esta irresponsabilidad no serán los funcionarios que tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respeto a los derechos humanos de los detenidos, sino los empleados del más bajo nivel jerárquico.
Las faltas administrativas que representan las violaciones a las leyes migratorias no justifican la detención arbitraria, que sucede continuamente, seguramente para practicar la extorsión.
Lo que sucedió en el centro de detención del INM puede repetirse en los centros penitenciarios de este país, totalmente sobrepoblados y puede ser una tragedia mayor. ¿A usted qué le parece? (Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)
Twitter: @homsricardo
