Un callejón con salida

A las mexicanas y mexicanos: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han intensificado sus campañas para denunciar a los comercios que cobran comisiones adicionales por utilizar como método de pago tarjetas de crédito o débito, lo cual es una práctica indebida en miles de establecimientos. 

Los comercios han adoptado como método de cobro terminales punto de venta (TPV) para ofrecer a sus clientes el pago con tarjeta; sin embargo, este servicio constituye una desventaja debido a que muchos cargan comisiones de 5% al total del valor de la compra. Las instituciones encargadas de defender a usuarios y consumidores señalan que cobrar comisiones incumple con los contratos firmados entre comercios e instituciones bancarias, pues para el uso de TPV se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven entre su clientela. 

Si bien al establecimiento le cuesta una comisión recibir el pago con tarjeta, también obtiene beneficios, ya que se vuelve más competitivo al aumentar sus ventas y disminuir costos y riesgos derivados del traslado de dinero. Por su parte, las personas consumidoras se benefician al tener diversas formas de pago; no obstante, si les cuesta más caro constituye una desventaja. 

Hay que mirar la problemática en todas sus dimensiones: 1) las y los consumidores no deben ver lastimada su economía, el consumo hoy en día es un derecho inherente a las personas; 2) cuando hablamos de comercios habría que diferenciar entre pequeños y grandes, entonces, evidentemente las comisiones que les cobran las empresas adquirientes (especializadas en procesar pagos), que en nuestro país están ligadas a los bancos, no deben ser iguales, toda vez que sus capacidades no son las mismas; y 3) es urgente una estrategia para los pequeños establecimientos en aras de hacerlos más competitivos, de tal suerte que el uso de TPV no signifique un menoscabo para éstos, de ahí que el Banco de México debería regular las comisiones y diferenciarlas para consolidar la inclusión financiera impulsada por esta administración, tanto para las personas como para el sector minorista. 

La 4T no es ajena a esta problemática, legisladoras de Morena presentaron reformas para evitar dichos desequilibrios ante la evidente violación a los derechos de las y los consumidores. La ecuación es muy simple, existen cuatro sectores claramente diferenciados: el financiero, el de los grandes comercios, el de los pequeños comercios y el de los consumidores, para alcanzar la justicia social es claro a quiénes hay que proteger de los abusos y a quiénes imponer límites y sanciones ejemplares. 

No darle una salida viable a esta problemática significaría aceptar que 70% de los hogares mexicanos y 25 millones de beneficiarios de los programas del bienestar pierdan 5% de sus apoyos económicos al pagar con la tarjeta de débito en las que se los depositan, o bien, que, de los 600 mil millones de pesos destinados del presupuesto público para tales efectos, 5% debe ir a las manos de los sectores financiero y comercial. Sería asentir que la clase trabajadora debe perder dicho porcentaje de su salario y quienes utilizan tarjetas de crédito pagar este porcentaje además de los intereses. 

¿A quién no le conviene que el presidente de la República compre Banamex? Un banco del Estado para las y los mexicanos repararía lo que el neoliberalismo echó a perder. (Activista social)

Twitter: @larapaola1