Una Corte, dos mensajes para Tamaulipas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo resolvió un asunto legal este primero de julio. Envió un mensaje claro en medio de una batalla política que sigue viva en Tamaulipas: las reformas hechas por Morena en el Congreso local son válidas y no violan la Constitución.

El caso nació cuando la mayoría morenista modificó en septiembre del año pasado la ley que rige al Congreso del Estado. Desde entonces, la oposición —principalmente el PAN— alertó que esas reformas abrían la puerta a un uso político del recinto legislativo. Sobre todo, protestaron contra una disposición que permite ejecutar resoluciones judiciales o administrativas dentro del Congreso, si lo autoriza la Mesa Directiva o la Diputación Permanente.

Para los panistas, eso era un intento de violar el fuero de los diputados, es decir, esa protección que impide que sean detenidos o juzgados por sus opiniones o decisiones dentro de su función legislativa. Llevaron el caso a la Corte. Pero la respuesta fue clara: no hay violación al fuero. La norma, dijo el Pleno, se refiere a cualquier persona dentro del recinto, no sólo a los legisladores.

El segundo punto que se impugnó fue igual de sensible: una reforma que establece que un diputado pierde su curul si se le suspenden sus derechos político-electorales. Otra vez, la Corte respaldó la decisión del Congreso local. Dijo que eso está alineado con el artículo 38 de la Constitución federal. La oposición alegaba que esto afectaba la representación popular, pero la Corte no lo vio así.

Detrás de estas reformas hay un contexto que no se puede ignorar: la pugna política que se vive desde el cambio de gobierno en Tamaulipas. La mayoría de Morena ha impulsado ajustes legales que limitan la influencia de quienes respondían al exgobernador Cabeza de Vaca. Y aunque los tribunales ya cerraron este capítulo, en lo político el conflicto sigue vivo.

De hecho, todo este tema tomó forma cuando el diputado del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, no acudió al Congreso del Estado tras haber sido electo. Solo lo hizo una vez que obtuvo un amparo, lo que le permitió rendir protesta de manera remota, vía Zoom, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local que le tomara protesta. Su incorporación formal ocurrió quince días después de iniciado el periodo de sesiones.

Las resoluciones 160/2024 y 161/2024 marcan un precedente en el Congreso local. Son un respaldo jurídico para la mayoría legislativa, pero también una señal de que, al menos en este round, la Corte no ve una amenaza contra la Constitución en lo que ocurre en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero campo de batalla sigue siendo político, y aunque las normas se sostienen, la tensión entre mayorías, oposiciones y viejos liderazgos apenas se ha reacomodado. En Tamaulipas, la transición no ha terminado, solo se ha transformado.

Presión al margen de la ley

La protesta tiene límites. Y cuando se cruza la línea de lo legal, pierde fuerza y legitimidad.

Productores de sorgo del norte de Tamaulipas han decidido endurecer su estrategia: primero bloquearon la carretera federal a San Fernando, y este viernes 10 de julio llevaron su inconformidad hasta el puente internacional Reynosa-Pharr. Ahí, los ánimos se desbordaron. La fila de tráileres se volvió campo de batalla. Hubo empujones, gritos, golpes entre choferes y agricultores. Todo en plena línea fronteriza, bajo jurisdicción federal.

La exigencia: mejores precios para el sorgo. Una demanda legítima, pero mal dirigida. Los productores saben —o deberían saber— que los precios del grano se fijan en mercados internacionales. No es el estado ni la federación quien decide cuánto vale una tonelada. El reclamo puede escalar, pero no puede resolver lo que no le corresponde al gobierno.

Y sin embargo, el camino elegido ha sido el de la presión. Carreteras bloqueadas, comercio interrumpido, delitos federales en curso. El enojo se ha canalizado en acciones que afectan a miles de terceros: transportistas, comerciantes, exportadores y ciudadanos.

La pregunta no es si los productores tienen razón al inconformarse. La pregunta es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Y a costa de qué? Porque hoy, la protesta ha dejado de ser una voz legítima y se ha convertido en una herramienta de presión al margen de la ley.

Y eso, más que solucionar su problema, puede cerrarle puertas.