Condenado por posesión de pornografía infantil

La investigación estuvo a cargo del ICE y Seguridad Nacional.

Un residente de Matamoros, Tamaulipas, México, de 35 años de edad, ha sido sentenciado a una prisión federal tras su condena por posesión de pornografía infantil.

Se trata de Apolonio Sánchez-Martínez, quien se declaró culpable el 18 de septiembre de 2024, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei en un comunicado de prensa.

El juez federal de distrito Rolando Olvera consideró la información de las declaraciones de impacto de las víctimas y ordenó a Sánchez Martínez cumplir 97 meses de prisión. Además, se le ordenó pagar $160,000 en concepto de restitución a las víctimas conocidas y cumplirá 15 años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Durante ese tiempo, deberá cumplir con numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenará registrarse como delincuente sexual. 

El 12 de agosto de 2023, Sánchez Martínez intentó ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de Brownsville Gateway. Las autoridades lo remitieron a una inspección secundaria, donde localizaron un teléfono celular. El análisis forense del dispositivo resultó en el descubrimiento de 1405 videos y 152 imágenes de material de abuso sexual infantil (MASI).

"En Estados Unidos hay tolerancia cero con el material de abuso sexual infantil, y quienes intenten introducir material de abuso sexual infantil (MASI) en nuestro país se enfrentarán a largas penas de prisión", declaró Ganjei. "El Distrito Sur de Texas hará todo lo posible no solo para detener y castigar a los productores de dichas imágenes y vídeos, sino también a los consumidores de dicho material —como el acusado— que constituyen un mercado para la creación de MASI".

Sánchez-Martínez permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano. La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional.

La Fiscal Federal Adjunta Ana C. Cano procesó el caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.