Fiscalía mantiene segura la frontera sur de Texas

La colaboración del FBI con las fuerzas del orden federal, estatal y local ha sido factor clave para llevar ante la justicia a delincuentes de Texas y otros estados.

EDINBURG, Texas.- Un promedio de 237 casos se han presentado en la Fiscalía del Distrito Sur de Texas en asuntos relacionados con inmigración y seguridad fronteriza, del 18 al 24 de abril, anunció el fiscal estadounidense, Nicholas J. Ganjei. 

Como parte de estos expedientes, 124 personas enfrentan acusaciones de reingreso ilegal al país, la mayoría con condenas por delitos graves como narcóticos, armas de fuego o delitos sexuales, antecedentes migratorios y más. Un total de 106 personas enfrentan cargos por ingreso ilegal al país; cinco involucran diversos casos de tráfico de personas y el resto está relacionado con agresión a un oficial u otros delitos migratorios.  

Como parte de los casos presentados esta semana, Carlos Verduco-Muniz enfrenta cargos por agresión a un agente federal. Presuntamente golpeó a un especialista del Departamento Militar de Texas en el lado izquierdo de la cara durante una persecución para aprehenderlo cerca de Rio Grande City. 

Los cargos alegan que es ciudadano y nacional de México y se encontraba ilegalmente en Estados Unidos al momento de la agresión.

Entre los acusados de reingreso ilegal se encuentran tres hombres encontrados cerca de Roma. José Roberto Cuadro Parada había sido deportado en marzo y presuntamente devuelto ilegalmente. Yobani García García y Benito Barrera Martínez son ciudadanos mexicanos que habían sido deportados el 10 de enero de 2025 y el 18 de septiembre de 2024, respectivamente, según las denuncias presentadas en sus casos. García García ya tiene una condena por reingreso ilegal previo, mientras que Barrera Martínez había sido condenado a 60 meses de prisión por intento de distribuir más de 100 kilogramos de marihuana antes de su deportación.

Otra acusada esta semana es Perla Elizabeth Argüelles-Trejo, una mujer mexicana encontrada en Estados Unidos cerca de Edinburg. Había sido expulsada en septiembre de 2020 tras su condena por homicidio involuntario por intoxicación con vehículo, según las acusaciones.

Además, un ciudadano mexicano de 27 años, residente ilegal en Laredo, fue sentenciado por agredir y causar lesiones a un agente de la Patrulla Fronteriza (BP). Guillermo Osto Navarrete había recogido a varios inmigrantes indocumentados tras salir del Río Grande. Posteriormente, provocó una persecución vehicular por parte de las autoridades y embistió de costado a un vehículo policial, haciéndolo girar 180 grados. 

Un agente de la BP acudió a auxiliar a Osto Navarrete y a revisarle las lesiones. Sin embargo, Osto Navarrete golpeó al agente en la cara y la cabeza varias veces seguidas mientras este estaba de pie y tras caer al suelo. 

El agente sufrió un ojo morado, hematomas en la cabeza y el rostro, rasguños en la barbilla, laceraciones en las manos (incluido un corte profundo en un dedo) y una raspadura en la rodilla. Osto Navarrete fue condenado a 24 meses de prisión federal y se espera que enfrente un proceso de deportación tras su sentencia.

Un hondureño de 21 años, residente ilegal en Houston, acusado por el robo a una tienda Family Dollar. Carlos González-Vargas blandió un arma de fuego y exigió dinero en efectivo de la caja registradora. Cuando la empleada no actuó con la suficiente rapidez, González-Vargas le disparó en la pierna. Ahora cumplirá 150 meses de prisión por disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento. En la audiencia, el tribunal escuchó que estaba afiliado a una pandilla, publicó selfies en Instagram con el arma de fuego y disparó contra un niño de 13 años un mes después del robo. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que la pena mínima obligatoria no abordó adecuadamente la gravedad de su conducta.

En Houston, un jurado federal emitió un veredicto de culpabilidad contra un ciudadano guatemalteco por reingresar ilegalmente al país sin autorización. El jurado deliberó durante menos de una hora antes de declarar culpable a Leonardo Fernando Batz de los cargos, tras un juicio de tres días. El testimonio reveló que Batz había sido deportado previamente en 2007 y 2020. Antes de su deportación en 2020, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en balsa por el Río Grande.