Presión del Ejecutivo a la Corte por prisión preventiva
El proyecto de prisión preventiva en la Corte genera incertidumbre. ¿Qué implicaciones tiene para el sistema judicial?
El Poder Ejecutivo reactivó la presión sobre la Suprema Corte de Justicia, para impedir que su actual integración fije un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la Corte, por segunda vez, que retire de la lista de sesión de Pleno el proyecto para ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución.
"Que el proyecto sea retirado de la lista oficial del Pleno, a fin de que el cumplimiento de la sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces Constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional", pidió a la Corte el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la CJEF, Raúl Jiménez Vázquez.
La Presidenta de la Corte, Norma Piña, notificó ayer miércoles un acuerdo en el que se limitó a turnar el escrito de la CJEF al Ministro Jorge Pardo, quien desde noviembre de 2023 presentó un proyecto sobre el tema.
Ese proyecto propone que no se aplique la prisión preventiva forzosa, sino sólo la justificada, es decir, que los jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.
El expediente ocupa actualmente el lugar 18 de 19 asuntos en la lista del Pleno, que ya sólo tendrá tres sesiones antes de cesar actividades a mediados de agosto.
El Pleno ha estado resolviendo pocos asuntos en sus sesiones recientes, y si no se altera el orden de la lista, la prisión preventiva ya no alcanzará a ser discutida.
En mayo pasado, la CJEF ya había solicitado bajar el proyecto de Pardo de la lista, donde ha estado desde enero de 2024, argumentando que los Ministros y Ministras electos el 1 de junio son los que deberían resolver el tema.
En una versión de la lista publicada a finales de junio, el proyecto ya no aparecía, pero fue reincorporado al día siguiente.
Se trata de un proyecto particularmente preocupante para el Gobierno, porque puede ser aprobado con seis votos, es decir, las tres Ministras afines a Morena no podrían bloquearlo, al no requerir votación calificada de ocho.
El tema se ha aplazado durante año y medio, ante presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las fiscalías General de la República y estatales.
Durante una mañanera del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador se llegó a advertir que 68 mil acusados por delitos graves serían liberados, no obstante que el criterio propuesto sólo llevaría a una audiencia para que se revise, en cada caso, si se justifica que sigan presos.