La advertencia llegó en un momento delicado: Tamaulipas abrió su proceso electoral y la Auditoría Superior del Estado anunció que no habrá complacencia para nadie.
Frente a alcaldes y representantes de los poderes del Estado, Francisco Noriega Orozco dejó una frase que debería resonar durante toda la contienda electoral de 2027.
"La Auditoría Superior quiere estar más cerca de ustedes. Pero cercanía no significa complacencia", advirtió durante la conmemoración de los veinticinco años del organismo fiscalizador.
No es una precisión menor. El próximo año se renovarán ayuntamientos y Congreso local, mientras funcionarios buscarán candidaturas, reelecciones o posiciones dentro de sus partidos.
Por eso la fiscalización adquiere una dimensión inevitable: revisar cuentas sin distinguir colores, apellidos ni aspiraciones, especialmente cuando el presupuesto público convive con campañas electorales.
El auditor presentó una cifra que obliga a mirar hacia atrás: la Cuenta Pública 2023 acumuló observaciones superiores a
13 mil millones de pesos en Tamaulipas.
De ese monto, alrededor de 8,400 millones correspondieron a promociones de responsabilidad administrativa y casi 5 mil millones de pesos a posibles daños al erario.
Conviene no confundir observaciones con robos comprobados. Pero tampoco aceptar que una aclaración pendiente termine olvidada entre expedientes, oficios y cambios de administración cada sexenio.
Noriega expuso que la ASE promovió 62 expedientes para mostrar el músculo fiscalizador ante autoridades competentes, frente a las 23 registrados durante un periodo anterior de ocho años completos.
También reportó 52 expedientes por presuntas faltas administrativas graves y reactivó seis procedimientos antiguos que corrían peligro de extinguirse por prescripción legal próxima.
Los números reflejan mayor actividad institucional, pero abren una pregunta incómoda: ¿cuántos expedientes terminarán en sanciones, reparaciones del daño o responsabilidades acreditadas ante tribunales competentes?
Desde 2024, la Auditoría emitió 715 informes individuales y específicos, incluidos 213 derivados de denuncias relacionadas con cuentas públicas de 2021 y 2022.
El seguimiento municipal cambió: pasó de 27 por ciento en 2022 a 86 por ciento para promociones de cuentas de 2023 y 2024.
Sin embargo, tener una investigación abierta no equivale a resolverla. La eficacia de un órgano fiscalizador se mide por consecuencias, no solamente por estadísticas reportadas.
Noriega ofreció continuar con el acompañamiento, capacitación y criterios claros a los ayuntamientos. Está bien prevenir errores; lo inaceptable sería convertir la cercanía en una puerta de impunidad.
La ASE advirtió multas por incumplir solicitudes de información. Ahí comienza la prueba: aplicar las mismas reglas al municipio poderoso y al pequeño por igual, sin importar si hay o no tiempos electorales. El dinero sin comprobar se aclara.
Allí el gobernador Américo Villarreal recibió un reconocimiento por respaldar la modernización. Esa relación debe conservar una frontera indispensable: cooperación sin interferencia en decisiones de fiscalización.
La nueva estructura incorpora seguimiento especializado, herramientas digitales y georreferenciación de obras. Son avances útiles si permiten detectar anomalías y documentar responsabilidades con evidencia verificable.
Desde el 2024 la ASE a puesto bajo observación cada contrato, obra y cuenta. Y si bien Nadie debería utilizar auditorías para castigar adversarios ni proteger aliados desde el gobierno, la ASE a dejado claro su imparcialidad y solo quiere que el peso gastado se demuestre en qué y si no, a seguir el procedimiento legal.
A 25 años de su creación, la ASE tiene una oportunidad: demostrar que su advertencia no fue discurso de aniversario, sino una regla para todos.
