COMAPA Río Bravo: pleito rumbo a la Corte

El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado decidió llevar el conflicto por la COMAPA hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abriendo una batalla legal que expone el choque entre municipio y Estado.

No es un litigio técnico, es un conflicto político. En Río Bravo, el agua llega con baja presión, mala calidad y fugas constantes, mientras la discusión institucional se vuelve cada vez más distante.

El municipio reclama su facultad constitucional bajo el artículo 115, pero el Estado se resiste a soltar el control operativo de un organismo que, a decir del propio alcalde, no ha mejorado.

Desde el Congreso, Morena se mueve con cautela. Blindar el control de las COMAPAS parece ser una prioridad política, incluso por encima de la exigencia ciudadana de un servicio eficiente.

Almaraz, denuncia que la Secretaría de Recursos Hidráulicos bloquea el proceso con trámites interminables, en una ruta que más que administrativa, luce diseñada para desgastar al municipio.

La narrativa escala. El alcalde habla de cerrazón institucional y de un Estado que actúa con prácticas que recuerdan al viejo régimen, justo lo que Morena prometió desterrar.

Pero del lado estatal, la postura es otra. El subsecretario Tomás Gloria Requena insiste en que el conflicto debe resolverse con diálogo, no en tribunales ni en redes sociales.

El discurso suena correcto: conciliación, institucionalidad y acuerdos. Sin embargo, contrasta con los hechos denunciados por el municipio, donde el diálogo simplemente no fluye.

Gloria Requena, sostiene que el Congreso es quien define el rumbo del organismo, intentando encuadrar el conflicto dentro de la legalidad y no del terreno político.

También recuerda que la COMAPA fue absorbida por el Estado por problemas financieros, un argumento que busca justificar la permanencia del control estatal sobre el organismo.

Pero la pregunta persiste: si el diagnóstico es financiero, ¿por qué no abrir el modelo a una corresponsabilidad real con el municipio que hoy exige hacerse cargo?

El funcionario plantea que el debate no debe centrarse en quién administra, sino en cómo mejorar el servicio. El problema es que sin control operativo, el municipio queda fuera de esa solución.

Hablar de coordinación suena bien en discurso, pero en la práctica, Río Bravo denuncia exclusión total de decisiones, mientras la crisis del agua sigue golpeando a la población.

El Estado presume atención en los 43 municipios, pero casos como este, evidencian que la centralización no siempre garantiza eficiencia ni cercanía con la problemática local.

Incluso se reconoce el interés del municipio por recuperar la COMAPA, pero se le encauza a seguir esperando, dialogando y gestionando ante instancias que no responden.

Ahí es donde el discurso oficial empieza a parecerse peligrosamente a prácticas del pasado: control, dilación y decisiones verticales que ignoran la autonomía municipal.

La ruta hacia la Corte es, en realidad, la consecuencia de un diálogo agotado. Cuando la política se cierra, la ley se convierte en el último recurso.

Hoy el conflicto no solo es jurídico. Es una disputa por el poder, por el control del agua, el dinero y por el modelo de gobierno: centralista o municipalista.

Y mientras se define en tribunales, en Río Bravo la realidad sigue corriendo por las tuberías: agua deficiente, presión baja y un ciudadano que ya no cree en discursos, sino en resultados.