Comisión Nacional Antimonopolios: retos y desafíos

Con la reciente aprobación y publicación de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, ya sólo queda un paso para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) quede jurídicamente extinta y ceda lugar a la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), la cual será un organismo descentralizado del Gobierno federal, aunque con una exigencia constitucional de independencia técnica. Esto sucederá una vez que los comisionados que integrarán el Pleno de la nueva autoridad, propuestos por la Presidenta Sheinbaum, sean ratificados por el Senado de la República.

El sistema enfrentará en poco tiempo enormes retos y desafíos. Sobresale en primerísimo lugar el hecho que la CNA asumirá nuevas funciones, responsabilidades y facultades, por ejemplo: (i) ser la autoridad de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones y, por si fuera poco, aplicar regulación asimétrica en dichos sectores; (ii) sanciones más severas para quien cometa prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o incumpla compromisos, además del establecimiento de supuestos nuevos, como la inhabilitación para participar en contrataciones públicas; (iii) fortalecimiento del sistema de multas como medidas de apremio para apoyar las diligencias de investigación; (iv) menores umbrales para la notificación obligatoria de concentraciones, lo que incrementará el universo de transacciones revisables; (v) mayor plazo para investigar concentraciones ilícitas; (vi) teorías de daño adicionales a propósito de la evaluación de concentraciones y casos de abuso de posición dominante, y (vii) la certificación, a solicitud voluntaria de las empresas, de programas de cumplimiento (compliance).

Todo lo anterior va de la mano con una sustancial reducción de plazos para resolver concentraciones y desahogar investigaciones, así como en la necesidad de emitir en un plazo breve normativa que incluye el Reglamento de la ley, el Estatuto Orgánico, disposiciones regulatorias y diversas guías, criterios y lineamientos en temas complejos.

La lógica indicaría que a mayor responsabilidad mayores deben ser los recursos (monetarios y humanos) destinados a la tarea respectiva. Una política de competencia robusta tiene un fuerte impacto en el bienestar social y el clima general de inversión, por lo que cada peso (bien gastado) encontraría plena justificación bajo una óptica de costo-beneficio. Y, como ha sido el caso de la propia Cofece, una autoridad de competencia bien armada suele pagarse sola, por la sencilla razón de que su actividad sancionatoria genera ingreso fiscal muy superior al presupuesto asignado, el cual además cae en las arcas generales.

Asumiendo que la CNA no tenga un incremento sustantivo de recursos y quede en niveles similares a los de Cofece, habrá que hacer mucho más con menos. Cuatro temas son clave en este camino:

1. Será crucial preservar en la medida de lo posible al personal que hoy labora en Cofece, pues esto permitiría garantizar estabilidad y continuidad en las funciones y evitar una curva de aprendizaje costosa e innecesaria. Los nuevos comisionados deberán ejercer un liderazgo técnico, por lo que su proceso de nombramiento cobra especial relevancia. Los perfiles importan más que cualquier otro tipo de consideración.

2. La CNA deberá planear estratégicamente su agenda y concentrarse en intervenciones que tengan el mayor impacto posible, sin temor a dejar de lado otro tipo de casos que pudieran tener cierto mérito, pero de una relevancia menor.

3. El legado de Cofece, e incluso el que se generó desde antes, será fundamental. Las reformas a la legislación de competencia fortalecieron aspectos sustantivos y procesales, pero manteniendo la lógica del sistema que hemos construido por más de tres décadas y que ha seguido entendimientos comunes y las mejores prácticas internacionales. Existe un cuerpo sustantivo de práctica administrativa y precedentes muy valiosos que servirán de guía, sin que ello impida innovar, mejorar o corregir aspectos concretos cuando así sea necesario.

4. Finalmente, habrá que hacer valer en los hechos la autonomía técnica. Esto implica ejercer las funciones de manera neutral y profesional, libre de interferencias o sesgos, lo que no está peleado con una colaboración sinérgica con otras áreas del Gobierno para fines más amplios de política pública. Depende de todos: sobre todo de la autocontención del Gobierno y una sana deferencia hacia la CNA, así como en que esta última sepa defender su labor y genere valor con sus actuaciones.

X: @AlejandroFaya