Por mi propia vocación profesional me inquietan e interesan todas aquellas cuestiones que comprometen la integridad de la Procuración y Administración de Justicia. Así las cosas, he sido un consistente crítico de la demolición paulatina de las condiciones que garanticen la sujeción de los gobernantes a las leyes que nos rigen. En una democracia, la mayoría tiene derecho de definir los contenidos de la ley. Ese ejercicio del poder sólo tiene como límite que no se atente contra los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Las leyes que violan los derechos humanos son arbitrarias y vulneran los derechos tanto de las mayorías como de las minorías. Es ingenuo suponer que la ley arbitraria sólo se le impone al adversario. Al final, se aplica en contra de cualquiera.
En este orden de ideas, el concepto de mayoría es irrelevante para los efectos de la aplicación de la ley. A la mayoría no le está concedido el derecho de desobedecerla. La autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial son instituciones que tienden a evitar el uso político de la ley. Así pues, la discriminación o la aplicación selectiva de la ley son actos arbitrarios. Terminan siendo la expresión del abuso de poder y de la impunidad.
Dicho lo anterior, recordemos lo sucedido en febrero de 1945. Corren los vientos de la sucesión del General Ávila Camacho. A la izquierda Rojo Gómez, a la derecha Miguel Alemán. Eso sí, ambos dentro de la Constitución. Frente a la beligerancia política de los diputados Carlos Madrazo, Pedro Téllez y Sacramento Joffre, son acusados por los delitos de traición a la patria a raíz de su supuesta intervención en la venta y entrega de permisos para trabajadores como jornaleros en Estados Unidos.
Con anterioridad, la acusación por traición a la patria fue aplicada en el contexto de los movimientos armados del siglo XIX, tanto de la Independencia como de la Reforma. Así pues, fue dirigida contra Iturbide, así como contra Maximiliano, Miramón y Mejía. En estos dramas, la aparición de las tensiones norteamericanas en contra de las europeas por influir en la vida de México, son un aspecto esencial de esta historia.
Un elemento central en estos casos es la posición norteamericana frente a los conflictos internos y el uso de estas acusaciones para inhibir la relación de nacionales frente a potencias extranjeras. Un ejemplo es la reforma al Código Penal Federal en 1992, en la que se prohíbe la entrega por vía de hechos de nacionales a gobiernos extranjeros. Dichos artículos les fueron aplicados a los que supuestamente participaron en el secuestro del Mayo Zambada y hace algunas décadas, a funcionarios que entregaron a miembros de la delincuencia organizada a agentes del FBI sin mediar extradición.
Hoy se abre una nueva edición de esta historia. Se acusa a César Jáuregui de haber propiciado la participación de agentes extranjeros en la destrucción de narcolaboratorios en la Sierra de Chihuahua. Con ello se sostiene que cualquier colaboración de servidores públicos con agentes norteamericanos, en tareas de inteligencia y combate al crimen organizado, es un acto que compromete la soberanía nacional. Por cierto, esto hace muy endeble el concepto mismo de soberanía.
Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con esta interpretación y no me uno al linchamiento del licenciado Jáuregui. Sólo sostengo el debate que se abre. Por cierto, me duele que vuelvan a utilizar los temas de delincuencia organizada y que se reitere la opacidad judicial al suceder en audiencias privadas. Esta exacerbación que alegra tanto a algunos, en el corto plazo sólo abre las puertas al escándalo político y al abuso judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, será interesante percibir cómo los norteamericanos reciben esta criminalización de sus trabajos de inteligencia. Estaremos atentos a los coletazos de estas acciones. Mientras tanto los delincuentes se asombran de las ventajas que les producen estos desencuentros.
