El dinero del Mayo: propiedad nacional
Ismael El Mayo Zambada fue condenado para siempre. Además, al Quinto Mes le pretenden decomisar una cifra difícil de tomarse en serio: 15.000 millones de dólares.
Ese monto imposible debería ser nuestro.
Voy despacio. 15.000 millones de dólares es un número ridículo en tamaño, pero emprendo la búsqueda de algún contraste que nos permita pensarlo. ¿Serán estos los llamados números imaginarios? Convertidos a pesos mexicanos, equivalen a unos 270.000 millones: otra cifra muda a la que se le ha negado el habla. Si calculo cuántas casas de dos millones de pesos podrían comprarse, llego a 135.000: la ciudad de Veracruz entera. Tampoco ayuda descubrir que con ese dinero el Paris-Saint-Germain habría podido fichar a Neymar más de 60 veces.
La cifra es grotesca. La cifra es jabonosa.
La cantidad también carece de verosimilitud porque es falsa. 15.000 millones de dólares es una fortuna imposible incluso para el Mayo, un hombre que vivió durante décadas a salto de mata, y para el Cartel de Sinaloa, una organización no vertical. La cuantía es una mentira que se pavonea en el ajuar de una victoria monumental.
No olvidar que las leyes estadounidenses –las que permiten que parte de los bienes decomisados se distribuyan entre agencias federales, estatales y locales– han perfeccionado un engranaje perfecto de incentivos perversos. La guerra contra las drogas financia a las autoridades encargadas de librarla. Es la iglesia que ha creado al diablo para pagar los honorarios del exorcista.
Hay, además, un problema práctico que es la falta de liquidez. Los 15.000 millones de dólares son –se dijo antes– imaginarios. Son una estimación judicial calculada a ojo de buen cubero. Materializarlos exigirá localizar bienes, litigar, encontrar propiedades y desmontar empresas del condenado.
Suponiendo sin conceder –frase horrorosa que usamos los abogados– que la cifra fuera correcta y convertible en dinero contante y sonante, apetece preguntarnos quién es el beneficiario porque dueño no es.
La lógica facilona –como casi todo lo demás– favorece a Estados Unidos. Ellos atraparon al Mayo –aunque Ken Salazar lo niega–. Ellos lo tienen y lo conservarán bajo custodia. Fueron sus fiscales quienes construyeron el caso. Fueron sus tribunales quienes dictaron sentencia.
La respuesta política y legal es bastante menos lineal.
La fortuna de Zambada surgió de una economía binacional. Aunque el mercado se encontraba sobre todo del otro lado de la frontera, la violencia, la corrupción, el control territorial y la muerte se concentraron en México. Si la riqueza fue producto de un fenómeno compartido, el botín también debería serlo.
La forma en que Zambada llegó a Estados Unidos añade fortaleza e ironía al reclamo nacional. Una operación clandestina, concebida al margen del Gobierno mexicano, entregó al criminal luego condenado en aquel país. Si prefiere, lo despersonalizo: un Estado irrumpió en otro para obtener a uno de sus criminales más importantes y ahora reclama el fruto de la incursión.
En este país se encontraría Zambada si no lo hubieran secuestrado.
Por todo lo dicho, la presidenta anunció que la Fiscalía General de la República buscará reclamar una parte de los activos.
En una era de legalidad y respeto por las formas, diría que, ante ello, hay buenas noticias. En esta otra en que la ley es cascarón vacío, me limito a sostener que existen fundamentos jurídicos para pensar que la pretensión mexicana no es un delirio. Que los locos son ellos.
