Según los especialistas, un Congreso demócrata modificaría mucho la supervisión, pero poco las facultades presidenciales. La razón es aritmética: para superar un veto se requieren dos tercios de ambas cámaras, y ningún escenario concede a los demócratas tal mayoría
A tres semanas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, la posibilidad de un triunfo demócrata es muy alta, en buena medida por el desplome de la aprobación de Donald Trump, hoy en torno al 35.3%. La pregunta en Washington ya no es si los republicanos perderán terreno, sino cuánto. Los mercados de predicción lo confirman: este martes, Polymarket asignaba alrededor de un 91% de probabilidad a una Cámara demócrata y un 64% a un Senado demócrata. Un Congreso dividido o totalmente opositor a partir de enero es el escenario más probable. ¿Qué cambiaría realmente?
Menos de lo que creemos. Según los especialistas, un Congreso demócrata modificaría mucho la supervisión, pero poco las facultades presidenciales. La razón es aritmética: para superar un veto se requieren dos tercios de ambas cámaras, y ningún escenario concede a los demócratas tal mayoría.
Pero tampoco es irrelevante. El cambio inmediato sería una mayor vigilancia. AP reporta que los demócratas preparan una amplia agenda de investigaciones sobre Trump, su familia y su gobierno. Robert Garcia, quien presidiría el Comité de Supervisión, ya fijó prioridades: los negocios de la familia presidencial, el caso Epstein y las operaciones de ICE. Un tercer juicio político contra el presidente sería estéril sin una mayoría "calificada" en el Senado. Sin embargo, se asume que una ola de citatorios a funcionarios bastaría para empantanar a la administración. Además, las votaciones sobre aranceles y acciones militares pondrían a los legisladores republicanos ante una disyuntiva incómoda: respaldar a Trump frente a electores que rechazan esas medidas o desafiarlo y arriesgarse a perder las primarias.
La segunda palanca es el dinero. Ningún gasto se aprueba sin la Cámara, y este año quedó claro su peso: el cierre parcial de Seguridad Nacional duró unos 76 días, de febrero a abril, el más largo de la historia, por la disputa sobre los fondos de ICE. Sin embargo, CNN ha señalado que bloquear fondos militares es arriesgado: Trump acusaría a los demócratas de abandonar a las tropas. En comercio, ambos partidos han endurecido su postura; Jefferies, un banco de inversión, prevé que la tasa arancelaria efectiva promedio se mantenga entre 10 y 20%, incluso con un gobierno dividido.
En lo que respecta a México, celebrar una derrota de Trump sería una lectura cómoda, pero equivocada. Las herramientas que más pesan sobre el país casi no pasan por el Congreso.
Interlocución. Con Trump, el interlocutor decisivo ha sido el Ejecutivo: la Casa Blanca, Comercio, Seguridad Nacional, el Representante Comercial y, a ratos, el Pentágono. Con una Cámara demócrata, México tendría que ampliar su interlocución hacia comités, líderes legislativos, gobernadores, sindicatos, empresarios y grupos de interés.
Aranceles. Desde que la Suprema Corte anuló el 20 de febrero los aranceles basados en poderes de emergencia, Trump recurre a las secciones 232 y 301, que no requieren votación legislativa. T-MEC. En junio, Washington se negó a extender el T-MEC. Eso no lo cancela: sigue vigente, pero queda sujeto a revisiones anuales y la renegociación continúa. Si se introducen cambios en el texto del tratado, estos requerirán una ley del Congreso, y ahí los demócratas tendrían voz. Pero no conviene idealizarlos: para México, no siempre son "los buenos" ni los republicanos "los malos". Sus legisladores probablemente exigirían más compromisos laborales y ambientales, no menos.
Seguridad y acción militar. Aquí sí habría un cambio. En Washington circula un borrador que daría a Trump amplia autoridad para usar la fuerza contra cárteles designados como terroristas; un Congreso demócrata no lo aprobaría. Con ambas cámaras, los demócratas podrían incluir en el presupuesto una disposición que prohíba financiar una guerra no autorizada en México. Aun así, el Congreso tendría más capacidad para investigar que para impedir: una acción limitada podría ocurrir antes de que reaccionara.
Frontera y remesas. El margen es aún menor. La ley presupuestal de 2025 otorgó 170 mil millones de dólares adicionales a Seguridad Nacional, unos 30 mil millones para ICE y 18 mil millones para la Patrulla Fronteriza, para el resto de la administración. Cualquier cambio impulsado desde el Capitolio sería vetado por Trump. Los demócratas podrían condicionar fondos nuevos y vigilar operaciones, pero no desmontar la política migratoria. Tampoco podrían eliminar por sí solos el impuesto del 1% a las remesas en efectivo, vigente desde enero, pero sí impedir que se eleve.
El Senado. Es importante para México: confirma embajadores, secretarios y fiscales, y su Comité de Relaciones Exteriores marca buena parte de la agenda hemisférica. Con una mayoría demócrata, la conversación podría orientarse hacia el tráfico de armas al sur y el lavado de dinero en bancos estadounidenses, temas prioritarios para el gobierno mexicano. El país ganaría tiempo y aliados.
La lupa sobre México. Un Congreso demócrata no solo vigilaría a Trump; también miraría hacia el sur con otros lentes. La reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos, la certidumbre para la inversión en energía, los derechos laborales y el respeto de los derechos humanos en la estrategia de seguridad son temas que a la Casa Blanca le importan poco, pero que sindicatos, ambientalistas y organizaciones civiles plantean a los demócratas, y estos llevan a audiencias públicas. El transaccionalismo de Trump ha tenido una ventaja para Palacio Nacional: mientras haya resultados en comercio, migración y fentanilo, Washington no pregunta por lo demás. Un Congreso opositor sí preguntaría.
Por otra parte, el nuevo Congreso entra en funciones el 3 de enero de 2027. Por ello, México enfrentará un riesgo mayor durante los próximos tres meses, mientras Trump conserve un Congreso afín y pueda intentar ahora lo que después podrían impugnar los demócratas. Aunque seguirá en la presidencia hasta enero de 2029, con casi todas sus herramientas intactas, aumentará el costo político de ejercerlas.
Para México, eso supondría cierta ventaja en el frente militar, tiempo en el Senado y, a cambio, más exigencias en materia laboral, judicial y de Estado de derecho. Washington dejaría de hablar con una sola voz: habría más ventanillas de presión, pero también más puertas a las cuales llamar.
La elección debe leerse desde ahora como una advertencia práctica. México necesita una diplomacia legislativa profesional que trabaje en los comités, no solo en la Casa Blanca; debe aprovechar su red de más de 50 consulados y a los legisladores de origen mexicano, así como resolver en casa los pendientes que los demócratas pondrán sobre la mesa. Durante dos años, la relación ha dependido del humor de un solo hombre. A partir de enero, dependerá también de 535 legisladores. Será más complicado, pero menos arbitrario. Aunque solo un poco.
@jorgezepedap
