La DEA, la agencia que quiere golear la cooperación

Estados Unidos ha logrado de Claudia Sheinbaum una colaboración efectiva contra el crimen organizado. El problema para la presidenta mexicana es, empero, que en la administración Donald Trump distintos egos institucionales pretenden demasiado; por ejemplo, la DEA.

En este año, México ha entregado —en un proceso inédito, más no exento de potenciales riesgos— a 55 capos. Toda la cartografía criminal de las últimas décadas está representada en los dos envíos, uno en febrero y el otro en este mismo mes, ocurridos a la fecha.

Ahora están en cárceles de EE UU desde Rafael Caro Quintero, del extinto Cartel de Guadalajara, hasta Servando Gómez La Tuta, de las facciones que asuelan Michoacán, pasando por gente de Nemesio Oseguera del Cartel Nueva Generación o los Z-40 y Z-42, entre otros.

Por el calibre de las personas involucradas, la variedad de grupos a los que pertenecen y porque a nadie sorprendería otro envío, no hay precedente de entrega igual. También de esta forma, la presidenta que acabó con "los abrazos" demuestra que no le tiembla la mano.

Igualmente, las fuerzas de seguridad de México reciben inteligencia de Washington tanto para lograr decomisos de sustancias prohibidas o en labores de vigilancia. Parte de esa coordinación se hace pública, cómo el reciente sobrevuelo de un dron de EE UU en el Estado de México.

En conjunto, en términos de lucha en contra de los criminales, la presidenta Sheinbaum logró muy pronto conectar en el ánimo de Trump. Y de esa forma intenta también contener los ímpetus injerencistas de la Casa Blanca y sus distintas dependencias.

Sheinbaum agota esfuerzos para que Estados Unidos no cometa el error mayúsculo de dejarla sin margen de maniobra con una acción unilateral. Por eso el enérgico revire de la mandataria esta semana en contra de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

La DEA volvió a las andadas al anunciar, con lindezas diplomáticas hacia el sur, la iniciativa Proyecto Portero, con la que supuestamente atacarán a jefes de plazas fronterizas que controlan el contrabando, de drogas hacia EE UU, y de armas y dinero hacia México.

El programa incluye capacitación a oficiales mexicanos, y es innegable que puede ser inscrito en el nuevo marco de colaboración bilateral que han tejido desde el 20 de enero, cuando Trump volvió al poder, los dos mandatarios. El problema es que la DEA no dio su lugar a Sheinbaum.

Ninguna presidencia de México puede soportar los costos de que algún ente extranjero, ya no digamos estadounidense, le imponga una narrativa, obsequiosa o no en su lenguaje, y menos aún que quiera madrugar la comunicación al respecto.

Por si fuera poco, el expediente de la DEA en México es una cuenta de agravios que va incluso más allá del sexenio de López Obrador y su choque por el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido por sorpresa en octubre de 2020 en Los Ángeles.

Tras el episodio, AMLO logró el retorno del general y constriñó la operación de agentes extranjeros, con una ley con dedicatoria especial para la DEA. Pero no es eso, la identificación entre Sheinbaum y su predecesor, lo que hizo que ella reaccionara tan airadamente esta semana al llamado Proyecto Portero. O no solo eso.

La presidenta comparte el escepticismo frente a una agencia que ocultó a México la intención de detener a Cienfuegos, quien cayó en California al arribar para un viaje familiar. Y no solo es que luego las pruebas fueran endebles o irrisorias, es que así opera la DEA.

Esa misma agencia provocó un grave conflicto diplomático México-EE UU cuando en 1990 operó el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machaín, en Guadalajara, acusado de participar en la tortura que en 1985 llevó a la muerte al agente Enrique Camarena Salazar.

La ilegalidad extraterritorial del operativo contra Álvarez Machaín no obstó para que la justicia de EE UU aceptara procesarlo. Y de nueva cuenta fue la mala calidad de las supuestas pruebas las que provocaron el derrumbe del caso. Sin embargo, el daño estaba hecho.

Por ese caso, México y Estados Unidos forjaron un nuevo tratado de extradición, para darse mecanismos donde la confianza fuera el ingrediente que ayudara a contener el intervencionismo de Washington al tiempo que se ofrecía y garantizaba la cooperación mexicana.

Si ese acuerdo ya había estallado por Cienfuegos, a quien Estados Unidos nunca demandó previo a detenerlo, y a quien Trump devolvería aquel año, qué queda de esa confianza luego de que en julio de 2024 unos criminales hicieran una entrega, pactada con EE UU, de Ismael El Mayo Zambada, del Cartel de Sinaloa.

Con Trump, la presidenta Sheinbaum ha trazado una pragmática hoja de ruta. La violencia del narco es un tema prioritario de la agenda de la mandataria, lo que alinea los incentivos de ambos lados de la frontera. Más los mecanismos de ese embate han de ser acordados.

Allende el Bravo no le pagan con la misma moneda a Claudia. Ella apuesta por un acuerdo marco en el tema mientras los halcones de Washington logran que el presidente Trump dé luz verde a explorar acciones militares en contra de narcotraficantes, ya considerados como terroristas.

Esa decisión, dada a conocer este mes por The New York Times, no necesariamente estaría destinada a los grupos mexicanos señalados como prioritarios de EE UU, pero al irse contra organizaciones de Venezuela, por ejemplo, se abre la caja de Pandora en toda la región.