Las 41 cuentas reprobadas
La tormenta de las cuentas públicas del 2021 ya alcanzó al Congreso de Tamaulipas. De 44 informes entregados por la Auditoría Superior del Estado, 41 fueron dictaminados en sentido negativo y pasarán este martes 26 de agosto al pleno en sesión extraordinaria. Un golpe que exhibe la magnitud de las irregularidades heredadas.
No se trata de simples descuidos técnicos. Estas cuentas corresponden al paquete que la Legislatura pasada regresó a la ASE, luego de advertir fallas graves en la fiscalización.
Se pidió una revisión minuciosa y el resultado hoy es contundente: el desorden financiero fue sistemático. Jorge Espino Ascanio fue quien aseguró que las cuentas públicas de ayuntamientos y dependencias estatales estaban pulcras y fuera de un peso desviados. El resultado de informes de la ASE hoy dice lo contrario.
Los nombres de los entes involucrados pintan un mapa completo del desastre. Colegios de Bachilleres, CONALEP, CEAT, Comisión de Parques y Biodiversidad, Instituto de la Mujer, ITACE, ITIFE, ITAVU, universidades tecnológicas y hasta el FOMICRO o la API estatal. La lista es tan extensa como reveladora: ningún sector se salvó de los vicios de aquel gobierno.
Sin pasar por alto a municipios como Aldama, Llera, Miquihuana, Ocampo, Tula, y los organismos operadores del agua de Padilla, Río Bravo, Abasolo, Aldama, Gómez Farías, González, Ocampo, San Fernando, Valle Hermoso, Xicoténcatl, la JAD de Matamoros, entre otros.
Cada señalamiento atravesó un proceso largo: notificaciones, requerimientos, oportunidades para solventar. Los responsables tuvieron tiempo para aclarar los montos cuestionados. Prefirieron no hacerlo.
Hoy, los dictámenes negativos son resultado de su silencio o de su incapacidad para rendir cuentas.
Es falso que la revisión obedezca a intereses electorales. No hay tiempos de campaña ni votos en juego.
La reprobación obedece a hechos concretos: dinero sin justificar, procedimientos incumplidos y un patrón de corrupción que dejó huella. La narrativa de persecución política ya no alcanza para encubrir lo evidente.
Detrás de todo este andamiaje aparece una figura: El exgobernador Cabeza de Vaca, quien desde su refugio en el extranjero, disfruta de lujos y mueve piezas políticas a través de campañas de lodo y mentiras.
Mientras tanto, el paquete de cuentas reprobadas revela el saqueo de su sexenio y coloca a sus antiguos funcionarios en la antesala de sanciones legales.
El saldo es claro: el trabajo jurisdiccional ya no puede dar marcha atrás. Con los dictámenes en mano, el Congreso y las instancias judiciales tienen en puerta un reto mayor: demostrar que en Tamaulipas la impunidad también puede tener fecha de caducidad.
Las 41 cuentas reprobadas no son un mero trámite legislativo: son la antesala de denuncias penales, sanciones administrativas y, eventualmente, juicios políticos contra exfuncionarios que creyeron que la corrupción era eterna.
El tiempo de los expedientes guardados terminó. Ahora, el reto es que el Poder Legislativo y la justicia caminen juntos para cerrar de una vez el capítulo más oscuro del cabecismo.
EL RELOJ DEL PODER JUDICIAL EMPIEZA A CORRER
El Congreso del Estado puso fecha: el 30 de septiembre rendirán protesta los nuevos jueces, magistrados y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas. Un día después, el 1 de octubre, arranca formalmente el nuevo modelo que redefinirá la justicia local.
No es un simple ajuste de calendario. Se trata del relevo completo del Poder Judicial, un hecho inédito que coloca a Tamaulipas en la primera línea de las reformas impulsadas desde Palacio Nacional y respaldadas por el gobierno estatal.
La Diputación Permanente aprobó los cambios para armonizar lo que los decretos de 2024 y 2025 habían dejado en el aire. Era necesario despejar la contradicción con la Ley Electoral, que marcaba otros tiempos. Ahora, con la fecha definida, no hay margen de duda: el 1 de octubre empieza una nueva etapa.
Este ajuste no solo ordena la transición, también abre un terreno político sensible: el de la legitimidad de quienes asumirán funciones en un Poder Judicial que deberá demostrar independencia, eficacia y, sobre todo, credibilidad frente a la sociedad.
Hasta el último día de septiembre, seguirá vigente la Ley Orgánica de 2000 y el Consejo de la Judicatura mantendrá las riendas administrativas y disciplinarias. A partir de octubre, el tablero cambia: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial tomarán control pleno.
La pregunta es si este rediseño servirá para blindar al Poder Judicial de presiones políticas o, por el contrario, lo convertirá en un espacio de disputa más intenso entre las fuerzas que se juegan el poder en Tamaulipas.
La fecha ya está marcada. Lo que está en juego no es solo la instalación de nuevos jueces y magistrados, sino la manera en que este nuevo andamiaje judicial responderá al reclamo social de justicia.
