En México se puede detener ilegalmente a seis personas, torturarlas, fabricar pruebas, exhibirlas como peligrosos delincuentes y mantener a tres de ellas 24 años en prisión. Lo verdaderamente escandaloso es que, después de casi un cuarto de siglo, todavía haya autoridades judiciales incapaces de poner fin a semejante atrocidad.
El 13 de agosto de 2002, seis hombres fueron detenidos y presentados como integrantes de una banda de secuestradores nombrada como "Los Kempes". El gobierno de Tlaxcala presumió un espectacular golpe contra la delincuencia.
Hubo conferencia de prensa, fotografías y felicitaciones. Lo que no hubo fueron detenciones legales ni una investigación capaz de resistir el paso por los tribunales.
Uno de los episodios más delirantes ocurrió cuando los policías fueron a buscar a Alejandro Hernández Mora para presentarlo a declarar. Resultó que Alejandro era un niño de diez años. En su lugar detuvieron a su hermano Jorge, de 21. Ricardo Almanza, novio de la hermana de ambos, pidió acompañarlos para saber qué estaba ocurriendo. Al llegar a la Procuraduría también terminó detenido.
Veinticuatro años después, Jorge y Ricardo siguen presos.
En 2021 escribí sobre este caso después de leer una investigación de la revista "Gatopardo". Pensé que semejante historia de abusos, torturas y fabricación de pruebas difícilmente podría prolongarse mucho más.
Me equivoqué.
José María Cirilo Ramos Tenorio murió en prisión en octubre de 2013, a los 65 años. Nunca recuperó su libertad.
Oswaldo Rodríguez Salvatierra fue absuelto en diciembre de 2016, después de 14 años y cuatro meses encarcelado. Aquella madrugada lo dejaron cerca de una carretera con una bolsa de plástico y 550 pesos. Cuando consiguió un teléfono para avisar a su familia, descubrió que no recordaba ningún número. Había pasado tanto tiempo encerrado que ni siquiera sabía cómo llamar a casa.
Hugo Rodríguez (hijo de Oswaldo) recuperó su libertad después de ocho meses y terminó emigrando a Estados Unidos.
Los otros tres siguen presos.
Sergio Rodríguez Rosas tenía 43 años cuando lo detuvieron. Hoy tiene 67. Jorge Hernández Mora tenía 21; hoy tiene 45. Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño tenía 25; hoy tiene 49. Entre los tres acumulan 72 años de encarcelamiento.
En 2019, la justicia mexicana determinó que no se había acreditado la existencia de aquella supuesta organización criminal. Fueron absueltos de delincuencia organizada y de uno de los secuestros imputados, pero permanecieron presos por otra acusación.
En abril de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas examinó el expediente, escuchó los argumentos del Gobierno mexicano y concluyó que su encarcelamiento era arbitrario. Solicitó su liberación inmediata, indemnización y una investigación contra los responsables.
La respuesta fue mantenerlos presos.
En enero de este año, la Suprema Corte estableció que las opiniones de ese organismo internacional, aunque no son vinculantes, deben ser consideradas por las autoridades mexicanas conforme al denominado Soft Law. Si deciden apartarse de ellas, deben justificar jurídicamente sus razones.
Ahora existe una oportunidad concreta.
El abogado Agustín Acosta, quien participa en su defensa, me comentó un acuerdo judicial del pasado 13 de octubre. Un juez de Tlaxcala dejó sin efecto el auto de formal prisión de 2024, en cumplimiento de una resolución federal, y abrió nuevamente el plazo para resolver su situación jurídica.
El plazo vence el próximo miércoles 21 de octubre, a las tres de la tarde.
¡Carajo! ¿Cuánto tiempo más necesitan?
No estamos pidiendo que un juez ignore la ley, sino precisamente que la aplique. Que excluya las pruebas ilícitas, examine el pronunciamiento de la ONU y, si no existen elementos legales suficientes para mantenerlos presos, que ordene su liberación. Ya.
El miércoles, la justicia mexicana tendrá una nueva oportunidad de corregir una injusticia que lleva 24 años prolongándose.
A quienes tienen en sus manos esta decisión les pediría algo elemental: recuerden que detrás de cada expediente hay una vida.
Uno de los seis detenidos murió sin recuperar su libertad. Tres todavía están a tiempo de hacerlo.
No permitan que el próximo en salir de prisión lo haga dentro de un ataúd.
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