Reforma electoral: el daño a la legitimidad
En el viejo régimen, Gustavo Díaz Ordaz decía que el presidente de la República tenía como máxima obligación el "entregar el juguete completo", el garantizar el traspaso de la presidencia, el no dañarla. Hasta entrados los años noventa, las elecciones fueron parte de una estrategia del sistema priista para defender el poder de presiones externas, y salvaguardarlo de los daños infringidos por deficiencias y corruptelas internas. El PRI basaba su legitimidad más que en la fachada de elecciones regulares —cuya formalidad sin embargo cuidó al extremo— en la oferta de paz social heredada de la Revolución Mexicana. Fue precisamente en tiempos de Díaz Ordaz (1964-1970), quien forjó un talante represor desde que ocupó la secretaría de Gobernación de Adolfo López Mateos (1958-1964), cuando el "juguete" comenzó a perder legitimidad.
La matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 mostró el agotamiento del sistema para aglutinar, contener y procesar las demandas de distintos sectores. Ello a pesar de que en el sexenio anterior el régimen aceptó a la oposición en el Congreso. En 1963 una reforma dio pie a diputados de partido. Esa nueva ley daría curules a la oposición que alcanzara el 2,5% de la votación. Simulación aperturista que fue desnudada por la realidad trece años más tarde, en una elección sin competencia. José López Portillo no tuvo contendiente en las presidenciales de 1976. Aparte de las pugnas al interior del PAN que llevaron al principal partido opositor a no postular candidato en medio de una crisis económica, el régimen vio que su legitimidad estaba comprometida. Se tiene en la de 1977 el ejemplo de la primera reforma electoral de gran calado. Una que, si bien se hizo desde el poder y para el poder, en palabras de su artífice, el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, sí pretendía "captar en los órganos de la representación el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoría, forman parte de la nación".
Justo cuando el calendario iba rumbo al medio siglo de aquel cambio, está por comenzar formalmente el proceso legislativo para una nueva reforma, una que es vista como la primera en sentido contrario a las que siguieron todas las realizadas desde Reyes Heroles. Claudia Sheinbaum ha anunciado que la semana entrante enviará al Congreso su iniciativa para nuevas reglas de representación popular y de organización de los comicios, es decir, para cambiar eso que tras la crisis electoral de 1988 se convirtió en el eje dador de legitimidad. De esa manera, la presidenta activará formalmente un proceso que desde agosto ha alterado a propios y extraños.
Algunos detalles —así sean genéricos o preliminares— de la propuesta provocaron la primera amenaza de cisma en la coalición gobernante y hasta un inusual destello de independencia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Hasta ahora el partido del Trabajo y el Verde regatean su apoyo a una iniciativa que reduce en un cuarto el Senado, en 25% el presupuesto electoral y que obligaría a los candidatos de lista a hacer campaña pues su ingreso dependería de sus votos específicos. Guadalupe Taddei, presidenta del INE vista como instrumento del régimen desde su llegada a esa posición en abril de 2023, ha criticado (entre otras cosas) la pretendida eliminación del PREP, el reporte público de votos desde el cierre mismo de las urnas. Esas voces de los demásdos partidistas y de una funcionaria obsequiosa con Morena, se suman a las denuncias que por meses ha proferido la oposición, donde algunos no dudan en llegar al extremo de calificarla como una "Ley Maduro" que cancelará la equidad en la competencia. Tenemos así un inédito caldo desde 2018, año en que Morena se hizo del poder y fecha en que arrancó la inercia ganadora con que se hizo de dos terceras partes de las gubernaturas y la de mayoría en el Congreso que le permite hacer cambios constitucionales. O que le permitía.
Porque si algo destaca de la actual coyuntura es cómo partidos sin prestigio democrático, como el Verde —madeja de escándalos desde su aparición hace tres décadas y famoso por su petulante forma de dar la vuelta a la ley en cada lance— retan a una poderosa Morena.
Y es aún más paradójico el atascón en que parece encontrarse la presidenta Sheinbaum, que depende de los votos del Verde y del PT para este y cualquier cambio constitucional, cuando hila meses en que a pesar de retadoras circunstancias se ha anotado triunfos políticos. De agosto para acá, es decir cuando se enfilaba a cumplir su primer año, la mandataria se ha ido quitando de encima sombras heredadas de su antecesor. Para empezar, y muy simbólico, a Pablo Gómez, a quien corrió de la Unidad de Inteligencia Financiera con el hueso de la redacción de la iniciativa que hoy tiene alienados a quienes desde el 2018 habían respaldado en prácticamente todo a ambos gobiernos obradoristas.
Y desde eso que ocurrió en agosto, Sheinbaum ha desplazado a Adán Augusto López, el tabasqueño que se decía hermano de López Obrador, de la coordinación del Senado y el artífice de sumar a Morena a senadores para amarrar la mayoría constitucional.
Por si hiciera falta mencionarlo, el otrora poderoso fiscal Alejandro Gertz Manero fue forzado a dimitir dos años antes de que concluyera su periodo y ahora verá los toros del poder desde la barrera de la embajada de México ante el Reino Unido. Golpe a golpe la presidenta se ha ido haciendo de posiciones al interior del movimiento. Mientras que si alguna duda quedaba de la determinación de Claudia en lo de cambiar el modelo anticrimen, la eliminación el domingo del líder del mayor cartel de México la disipó.
