¿Cómo fue que un Estado que cuenta con infraestructura de impresión propia terminó dependiendo de tipos como José Alfredo Hernández Casillas para fabricar sus materiales electorales?
La trama apela a personas y empresas individualizadas: Guadalupe Taddei, Hernández Casillas, Formas Finas y Materiales, Cajas Graf y Corporativo Zeg. Pero el fondo del asunto prescinde de nombres propios al dibujar triángulos y otras geometrías que explican cómo el negocio privado ha abusado de lo público. O al decir que el Estado terminó pagando a particulares por hacer aquello que alguna vez se encomendó a sí mismo.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que convertirá Talleres Gráficos de México (TGM) en una empresa pública del Estado, rescatando una vieja convicción de la izquierda de las responsabilidades que el Estado no puede perder.
Talleres Gráficos de México nació en 1883 para imprimir mapas, estadísticas, reglamentos e informes. Después vendrían la Constitución de 1917 y los libros de texto. Desde 1999 es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Una imprenta concebida por el Estado, sostenida por el Estado, al servicio del Estado.
Hasta que comenzó a ceder terreno y comenzó el duelo: el Estado contra el mercado, lo público frente a lo privado.
Ganó el mercado porque Talleres Gráficos fue quedándose a la zaga. El padrón electoral creció y las elecciones se multiplicaron y comenzaron a celebrarse de manera concurrente, mientras la inversión pública languidecía. En 2024, por poner un ejemplo, TGM imprimió 317 millones de boletas federales, pero no fue capaz de fabricar urnas ni mamparas.
El mercado terminó por imponerse por decisiones concretas. Las carencias de Talleres Gráficos y la vieja prédica de la eficiencia privada inclinaron al INE a la usura particular. Jesús George Zamora –entonces titular del Órgano Interno de Control del INE y actual consejero jurídico de Delfina Gómez– cuestionó en 2018 la capacidad de TGM de cumplir ciertos contratos. Siguiendo ese consejo, en 2020, el Consejo General del INE abrió a licitación materiales de plástico y cartón, reservando a Talleres las boletas y actas federales.
Se impuso el dominio del instante sobre la razón de Estado. La premura de contratar sobre la paciencia de construir. La competencia es la columna vertebral de la lógica del mercado, pero en el sector electoral las exigencias técnicas, las garantías millonarias, los grandes volúmenes y los plazos pequeñitos favorecen a un puñado. Las licitaciones se abren en lo formal, pero resultan inaccesibles en los hechos.
El mercado ganó también por decisiones legislativas. La autonomía de los 32 organismos electorales locales dejó a cada uno el manejo de sus propias contrataciones, malogrando la posibilidad de consolidar compras. En 2024, 19 de ellos no suscribieron el convenio marco con Talleres Gráficos.
Así fue como chocamos de frente con la contradicción. El Estado construyó una institución para fabricar sus propios materiales y terminó pagando a particulares para hacer aquello que había abandonado. El círculo vicioso es perfecto. Se debilitó la capacidad pública para justificar el paso a lo privado.
La iniciativa de Sheinbaum busca romper aquel círculo apoyándose en una empresa pública que ya existe y dando la espalda a una solución privada que nunca le terminó de convencer. Una bisagra entre el Estado que renunció a producir y el que se propone recuperar lo perdido. La presidenta plantea convertir a Talleres Gráficos en una empresa pública del Estado, dotada de un consejo de administración, sometida a auditorías permanentes y capaz para fabricar –sin intermediarios, sin triangulaciones– la papelería y los materiales electorales.
La elección de 2027 no admite demoras. Talleres Gráficos deberá estar en condiciones de atender al INE y a los organismos electorales locales con producción interna suficiente.
Durante décadas –incluidos funcionarios que hoy trabajan para Morena y consejeros del INE– nos dijeron que el mercado podía hacer mejor y más barato lo que corresponde al Estado. Un inmenso malentendido que el escándalo electoral obliga a repensar.
Al Estado lo que es del Estado.
