Fundamentos y pretensiones de la reforma judicial
A lo largo de estos días y seguramente de los que correrán en los próximos meses, se habla y hablará de la reforma judicial. Ello es y será así porque el tema se ha constituido en el eje de asuntos que poco tienen que ver con la justicia, más allá, desde luego, de la pegajosa retórica con la que el asunto busca ser comprendido.
La reforma judicial es el eje en torno al cual se está discutiendo la salida de López Obrador y de lo que él considera su fuerza; la transición al poder de Claudia Sheinbaum y el modo como intenta llegar al 1° de octubre; también, las maneras en las que los seguidores y cortesanos de uno y otra pretenden acomodarse en los vaivenes propios de un tiempo en el que uno no se ha ido y la otra no ha llegado.
Tal como está planteada, la reforma judicial no generará cambio alguno en la justicia ordinaria; tampoco en la vida de quienes cotidianamente tienen que someterse a ella. La misma es un trágico juego de poder entre las facciones componentes de la organización matricial de la que todos parten.
Lo que le suceda al justiciable común no importa en la visión, estructura y consecuencias de este juego. Lo relevante es la acumulación —orgánica, funcional y personal— del poder para ejercerlo con plenitud frente a los adversarios, sean estos propios o extraños.
Lo primordial es constituir una organización de leales —o al menos de favorables— para evitar la persecución o los reclamos por lo ya realizado.
No vaya a ser que a los jueces nombrados por otros se les ocurra darles cauce a las denuncias abiertas o por abrir respecto de hechos sancionables por corrupción, extorsión o violencias. No vaya a ser que algún juez piense que es necesario investigar lo sucedido en los años recientes para afectar a quienes piensan irse o quedarse en su gloria y con su paz.
El país enfrenta una de sus mayores crisis de inseguridad en sus poco más de doscientos años de vida independiente. Las cifras oficiales de personas muertas, desaparecidas, extorsionadas, levantadas, vejadas o lastimadas de muchas otras maneras son grandes y, por ello, inocultables.
La tasa de impunidad no ha bajado en el sexenio lopezobradorista. La estrategia de seguridad —cualquiera que sea— no arroja resultados. Frente a todos estos déficits o fracasos, el gobierno que sale ha inventado un enemigo para justificarse a sí mismo y ante los demás.
Son los juzgadores federales —se dice y nos dicen— los que han impedido la implementación de la estrategia que, de haberse realizado, le hubiera dado a México paz y prosperidad.
Son los juzgadores federales —se dice y nos dicen— quienes, por sus intereses egoístas, sus vínculos con el statu quo o, más recientemente, por su falta de sensibilidad política, han impedido la realización de un proyecto político que, de haberse desarrollado, hubiera dado a los mexicanos la grandeza que históricamente les corresponde.
En las narraciones justificatorias que constituyen las propuestas de control judicial no hay, ni se esperaba que hubiera, ninguna autocrítica. La búsqueda de control que se trata de montar sobre la retórica de la división de poderes, la democracia o la independencia judicial, impide reconocer los propios errores y omisiones.
En esto no hay nada extraño si se entiende lo que el proyecto de cambio busca controlar, para así evitar futuros daños o sobresaltos. En la racionalidad política que los salientes buscan constituir —ya veremos los entrantes—, no hay nada extraño o novedoso en lo que proponen para lograrlo. Ya será cosa de cada cual creerse o no lo que escucha.
Lo que sí llama la atención de las propuestas es la pobreza de lo planteado respecto de la justicia en general y de la condición de los justiciables a los que se pretende apoyar.
No hay nada en la iniciativa a discusión que ayude a mejorar la condición cotidiana de quienes están sometidos a la violencia y a la inseguridad provocada por éste y por los anteriores gobiernos, o que éste y los anteriores gobiernos no han sido capaces de remediar.
¿De verdad no se les ocurrió a los proponentes de la reforma nada mejor para resolver los problemas de inseguridad pública e impunidad que elegir a los juzgadores nacionales y crear un extraño tribunal para disciplinarlos bajo el nebuloso concepto del interés público?
Las limitaciones de la iniciativa muestran sus verdaderas intenciones y alcances; el uso de la votación popular para lograr que los controladores y los controlados partan de una y la misma base de legitimación para que unos y otros caminen bajo el mismo signo, para que unos y otros no puedan reprocharse nada por provenir de un mismo origen.
@JRCossio
