Hasta encontrarlas

A las mexicanas y mexicanos: La desaparición de personas es un crimen cruel y aberrante que configura graves y múltiples violaciones a los derechos humanos, causando daños inconmensurables e irreparables a las víctimas y a sus familiares, quienes llevan a cuestas durante su búsqueda un sufrimiento extremo. Un crimen que exige la mayor diligencia del Estado y cuantiosos recursos presupuestarios y humanos para lograr una búsqueda y localización efectivas que, en ocasiones, se extiende por décadas. 

En México, del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2023 existe un registro de 252 mil 656 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 86 mil 130 permanecen desaparecidas y 11 mil 451 no localizadas. De las 155 mil 75 personas localizadas, 11 mil 422 fueron encontradas sin vida. Las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas son: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato. 

Debido a la alta incidencia y a la histórica ineficiencia gubernamental, a partir de 2010 los familiares de las personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos demandaron el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; no obstante, las dos administraciones pasadas se negaron a aceptar la competencia del Comité, haciendo caso omiso a las legítimas demandas que una y otra vez levantaron la voz, pero que fueron silenciadas por la impunidad, la mentira y la injusticia. 

Fue el 2 de octubre de 2022 que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la Declaración para reconocer la competencia del Comité con el objetivo de buscar y encontrar a las personas desaparecidas, asumiendo una obligación irrenunciable para el Estado y dando así una vez más muestra fehaciente de los compromisos asumidos. De ese tamaño es la Cuarta Transformación y su importancia para la construcción de un México de paz. 

Los hechos han sostenido los discursos, e incluso han ido más allá, basta con señalar que el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para 2023 es 161 veces mayor que el asignado cuando fue creada en 2018 durante la pasada administración. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual es un sistema adecuado y confiable. Asimismo, se creó el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), con la finalidad de impulsar la garantía del derecho a la verdad e incidir en el acceso a la justicia para las víctimas y familiares de personas desaparecidas, en el que hasta la fecha se han realizado unas 2 mil 500 tomas de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas. 

El compromiso manifiesto de la actual administración para acceder a la verdad y a la justicia es patente, lo que se ve con claridad en los vastos esfuerzos para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), erradicar la impunidad y trabajar de manera coordinada y multidisciplinaria para que las búsquedas sean transparentes y efectivas. 

No se trata de repartir culpas ni de buscar excusas, de lo que se trata es de asumir de manera objetiva y honesta la importancia de las acciones que el actual gobierno ha emprendido, así como de valorar en su justa dimensión los beneficios y logros del gobierno de la República. 

A pesar de los resultados, hay quienes de manera inmoral levantan la voz haciendo acusaciones infundadas y falsas. Para poner en perspectiva lo que ha sucedido y cómo el gobierno actual enfrenta la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las víctimas, tenemos que recordar que de 2006 a 2018 el número de personas desaparecidas incrementó más de 7 mil por ciento; sí, leyó bien, 7 mil por ciento con relación a los últimos 40 años, es decir, de 1965 a 2005 se tuvo un registro de casi 2 mil personas. 

La diferencia no sólo son las cifras, las políticas públicas, las acciones y el presupuesto destinado, sino fundamentalmente que, ahora se hace todo lo absolutamente posible por encontrar a quienes ya no volvieron a casa, por garantizar a sus familiares una búsqueda efectiva y para hacer valer su derecho a la verdad y a la justicia. (Activista social)

@larapaola1