¡Que le encarcelen!
Si hasta ahora ha hecho campaña en los tribunales, según como vayan las cosas tendrá que continuarla entre rejas. Puede valer para él la consigna republicana de la campaña presidencial de 2016 contra Hillary Clinton, su rival electoral.
Donald Trump ha sido reiteradamente advertido e incluso multado por el juez Juan Merchan, que le ha prohibido proferir insultos y amenazas contra los testigos y jurados y al que no ha tenido empacho de injuriar con sus acusaciones de corrupto a las órdenes de Joe Biden.
Merchan es el tercer juez que le ha multado y el primero que además le ha recordado que puede mandarle a la cárcel por desacato, una circunstancia insólita para un expresidente y un candidato a la presidencia en mitad del año electoral.
Trump parece que se lo esté buscando, justo cuando faltan seis meses para que se abran las urnas. Aunque no puede excluirse una cierta incapacidad de refrenarse en sus improperios, no hay dudas sobre su calculada estrategia para presentarse como víctima de una conspiración del establishment demócrata para evitar o al menos obstaculizar su regreso a la Casa Blanca.
Algún rédito ha obtenido hasta ahora en cada paso judicial en alguno de sus cuatro procesos penales por 88 delitos, convertidos en reclamos para recaudar fondos.
Y quizás ahora espera obtener algunos más si tiene que pasarse la noche entre rejas y el día ante el juez Merchan.
No es seguro que le siente bien al magnate el ingreso en el calabozo acompañado de sus escoltas reglamentarios del servicio secreto, aunque protagonice una vez más todos los informativos y cope las redes sociales.
De momento, ni siquiera le sienta bien el banquillo, donde, nervioso y descompuesto, da largas cabezadas y se muestra friolero como un viejito.
Hay encuestas que diagnostican una caída en la intención de voto si es declarado culpable e ingresa en prisión. Y en cuanto a la financiación de la campaña, Biden le gana en recaudación, aunque siga detrás en los sondeos.
Si su paseo por los juzgados no es su camino de rosas, los pronósticos le siguen favoreciendo. Solo habrá sentencia antes de las elecciones en este caso juzgado en Manhattan por los pagos ilegales para callar la boca a una actriz porno en la campaña presidencial de 2016.
Los otros casos, incluido el asalto al Capitolio, no se verán antes de la fecha electoral. Si le cayera una pena de cárcel, además, no quedaría inhabilitado.
Sus abogados han conseguido todos los aplazamientos que necesitaban de los tribunales, empezando por el Supremo.
Gracias a sus estrategias dilatorias, corren peligro las evidencias sobre su implicación en el intento de golpe de Estado presentadas ante un gran jurado por el fiscal especial Jack Smith y ante la Comisión Especial del Congreso, presidida por Liz Cheney, la excongresista republicana que no quiso unirse al trumpismo.
Una vez presidente, podría amnistiarse a sí mismo y exhibir, por primera vez en la historia, que el Presidente está por encima de la Constitución.
