Reforma judicial, elecciones y Estado de derecho
La receta para que un país prospere en el largo plazo no es ningún secreto: consolidar el Estado de derecho y jamás dejar esa lucha. Es decir, tener reglas e instituciones que establezcan orden en las relaciones sociales y económicas, propicien los incentivos correctos y cristalicen objetivos públicos legítimos, con pleno respeto a los derechos y libertades. Eso es lo que marca toda la diferencia si es que algo podemos aprender de la historia y la evidencia.
México lleva décadas estancado en sus niveles de Estado de derecho. Independientemente de que es algo que se ve y resiente por todos, las referencias internacionales son ilustrativas. La edición más reciente del "World Justice Project" del Banco Mundial (2023), donde 0 es la peor calificación y 1 la mejor, el país obtuvo un score de 0.41 y se mantiene en caída constante desde 2015. Frente a los demás países ocupa una lastimosa posición de 118 entre 142. Como todo este tipo de estudios hay limitaciones metodológicas (que igual afectan al resto de los evaluados), pero mal haríamos ignorando estos indicadores que no son obra de la casualidad, sino de ejercicios serios basados tanto en la percepción como en datos duros.
¿Cómo afecta la reforma judicial y la reciente elección a nuestro Estado de derecho? Las instituciones judiciales autónomas, imparciales y profesionales son esenciales para llevar a buen puerto la difícil tarea de administrar justicia. Una función obvia es la de servir de contrapeso al poder público, para evitar el abuso, la arbitrariedad, la discrecionalidad mal ejercida o el despliegue de la autoridad fuera de los cauces legales. Esto, a su vez, genera un círculo virtuoso porque propicia que las políticas públicas y los actos de autoridad sean mejor diseñados e implementados (y tengan mayor probabilidad de éxito). Por eso es incuestionable que una cercanía de los jueces con el centro del poder político anula en buena medida su capacidad de resolver conflictos con apego a derecho, pues fuerte será la tentación o incentivos de quedar atrapados por la afinidad o conveniencia política. De hecho, bajo el índice arriba citado, uno de los ocho pilares evaluados es justamente el de "restricciones a los poderes gubernamentales", el cual es previsible que sufra un deterioro adicional en la próxima evaluación.
Esta es sin duda una de las mayores preocupaciones de la reforma judicial y los resultados de la primera elección de jueces, magistrados y ministros, pero no debe ser la única. No todos los conflictos tienen de contraparte al gobierno, pues muchos son de corte civil, mercantil o penal. El perfil y preparación del juzgador no debe depender de quién demanda o quién es el demandado, sino de resolver conflictos y, sobre todo, mostrar de manera uniforme cómo se aplica la ley y cuáles son las consecuencias de infringirla. Y es aquí cuando el Poder Judicial, además de ser contrapeso del poder público, se convierte en garante de derechos. Esto no es cualquier cosa, pues incide en la justicia cotidiana y en lo que más importa a las personas, como su libertad, familia o patrimonio.
Para la economía en general, la función judicial es determinante para el crecimiento a largo plazo, pues incide en la vigencia de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, la madurez de los mercados financieros o la facilidad para realizar transacciones comerciales. Por el contrario, un poder judicial improvisado, mal preparado, inconsistente en sus criterios o susceptible de captura total o parcial, dispara la incertidumbre, eleva el costo de hacer negocios, introduce distorsiones ineficientes y destruye el tejido social.
El poder judicial debe ser el medio natural para dirimir un conflicto o brindar una interpretación relevante que sirva de guía en el futuro, no una institución que todos busquen evitar. La reforma judicial y la elección de jueces en nada ayudan a nuestro erosionado Estado de derecho y, siendo un hecho consumado, es imperioso revisar los primeros resultados y consecuencias, a fin de evaluar lo que se ofreció frente a lo que estará sucediendo en la realidad. Lo que importa es que la administración de justicia funcione en beneficio de la sociedad, ofrezca estabilidad y acompañe la construcción de un clima de inversión óptimo que genere oportunidades. Lo que no contribuya a esos objetivos debe ser revisable.
X: @AlejandroFaya
