Rafael Caro Quintero y sus guardaespaldas portaban credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Las había firmado José Antonio Zorrilla Pérez, director de esa corporación, según documentó la CNDH. Si uno de esos hombres mostraba su credencial ante un policía, llevaba consigo algo que el Cártel de Guadalajara jamás habría podido expedir por su cuenta. Llevaba una identificación del gobierno mexicano.
Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado "Jefe de Jefes" murió ayer en Guadalajara, a los 80 años, después de pasar más de 37 bajo custodia. En estos días volveremos a escuchar que fue policía judicial, que se asoció con Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo ("Don Neto") y que hizo del narco un negocio a gran escala. Todo eso ayuda a entender quién fue. La credencial de su socio ayuda a entender cómo pudo hacerlo.
Para mover cocaína colombiana a través de México rumbo a Estados Unidos hacían falta rutas, transportistas y dinero. También hacía falta saber qué ocurriría si uno de sus hombres era detenido por un agente de la ley.
Un jefe criminal podía pagar para que lo dejaran pasar. Una credencial federal le daba al policía un motivo adicional para dejarlo seguir. ¿Quién iba a querer explicarle a su superior por qué había detenido a alguien que se identificaba como personal de Gobernación?
Vale la pena detenerse en el nombre del funcionario que firmó esas credenciales. El 30 de mayo de 1984 asesinaron al periodista Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada en Excélsior. Zorrilla todavía dirigía la DFS. Tuvieron que pasar cinco años para que lo detuvieran. Fue condenado como autor intelectual del asesinato. El hombre al que el gobierno le había confiado una de sus principales corporaciones de inteligencia terminó sentenciado por ordenar la muerte de un periodista.
En febrero de 1985 secuestraron y asesinaron en Jalisco a Enrique Camarena, agente de la DEA. El caso desató una crisis con Estados Unidos con repercusiones todavía al día de hoy. Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron detenidos ese mismo año. En noviembre desapareció la DFS, desacreditada por el caso Buendía y por sus vínculos con narcotraficantes. A Niguel Ángel Félix Gallardo lo capturaron en abril de 1989, dos meses antes de la detención de Zorrilla.
Las responsabilidades penales corresponden a expedientes distintos. Lo que los une es una pregunta que en México seguimos teniendo una gran dificultad para contestar. ¿Cómo se investiga a una organización criminal cuando algunos de los funcionarios que deberían perseguirla la protegen?
Si un policía honesto hubiera querido saber por qué Caro Quintero y sus escoltas llevaban credenciales de la DFS, el primer nombre que habría encontrado era el del director de la corporación.
Cada vez que se anuncia la detención de un capo, sabemos cuánto pesaba la droga decomisada, cuántas armas encontraron, su largo historial delictivo y a qué penal se lo llevaron. Convendría exigir la misma precisión sobre sus protectores. ¿Quién le dio acceso a información oficial? ¿Quién le avisó de un operativo? ¿Quién intervino para que una investigación se detuviera? Esas preguntas sirven para saber hasta dónde llegó el trabajo de las autoridades una vez que presentaron al detenido.
A Félix Gallardo le decían "El Jefe de Jefes". El apodo le dio para titulares, corridos y una serie en Netflix. Contar la historia como si todo hubiera sido obra suya les resulta cómodo a quienes prefieren dejar fuera a los funcionarios que lo protegieron y encumbraron a cambio de sobornos millonarios.
Este sujeto y sus socios jamás habrían podido hacer del narcotráfico un negocio de esa escala sin la complicidad del Estado mexicano. Hubo funcionarios que usaron su cargo para proteger a quienes tenían la obligación de perseguir. Y eso lo seguimos viendo hoy. Cambian los capos y cambian las corporaciones, pero sigue habiendo quienes ponen la autoridad del Estado al servicio del narco.
Las credenciales de Caro Quintero y sus escoltas llevaban la firma de otro jefe. Ese cobraba su sueldo en Gobernación.



