La retórica de los números a la baja en toda clase de robos y en los homicidios choca de frente con la explosividad de eventos delincuenciales
Si los escándalos del INE o la crisis del agua sucia de Guadalajara no hubieran desbordado las noticias, México estaría hablando de esa vieja conocida que sin éxito trata de obviar. De la violencia. En el mes de arranque del tercer año de Claudia Sheinbaum los delincuentes se dieron vuelo. Fue un octubre rojo y es un recordatorio de que, aún concediendo al gobierno avances, falta mucho para la paz.
El penal de Mazatlán con una docena de asesinados, entre ellos un menor de edad, un comunero que sigue retenido en la montaña de Guerrero mientras su familia implora que sea liberado como lo fueron sus compañeros secuestrados en septiembre, un defensor comunitario ejecutado en Chiapas, donde también fueron asesinadas una menor y su abuela, y siete homicidios diarios en Sinaloa marcaron a octubre.
Lo anterior, desde luego, es balance mediático antes que exhaustivo, un muestrario que no desmiente per se el recuento que desde Palacio Nacional cada quince días expone índices a la baja en distintas categorías delincuenciales a las que la presidenta Sheinbaum ha atado su estrategia de seguridad. Son realidades del día a día poco compatibles con los, casi siempre, optimistas números oficiales.
Si bien nadie va a decir que sería la primera vez, pero México no puede acostumbrarse a vivir entre un discurso cuasitriunfalista y hechos que niegan esa narrativa. La puntualidad con que el gobierno comunica el avance anticrimen fue respondida este mes, por ejemplo, con bloqueos, ya sea de transportistas que demandan seguridad, ya sea de narcotraficantes que paralizan la frontera en Matamoros.
No es necesario recurrir a la hipérbole para decir que el índice de homicidio de este mes saldría muy arriba con respecto a los anteriores. Basta con decir que si Sinaloa ha entrado en su tercer año como foco rojo, ahí octubre será el segundo mes más cruento de lo que va de esta guerra tras el rapto de Ismael "Mayo" Zambada en julio de 2024: ¿se dirá que solo ahí la situación se salió de la tendencia?
Que un mes suban las estadísticas sobre delitos y otro bajen es lo más lógico. De lo contrario, si solo bajaran, crecería el de por sí extendido escepticismo que varios expertos en seguridad albergan con respecto a los contundentes datos que divulga el gobierno (52 por ciento menos homicidios, es la cifra que presume Sheinbaum a dos años de entrar en funciones su estrategia).
Y he ahí el meollo. Al anuncio del secretario Omar García Harfuch de que iría, encabezando el gabinete de Seguridad, a Sinaloa, siguió la aparición el martes de una cabeza en la alcaldía de Mazatlán, con un mensaje en contra del padre de la edil de ese puerto. Ni el anuncio de la gira federal, ni 20 mil soldados desplegados en la entidad inhiben a delincuentes que reparten retazos humanos y amenazas.
El discurso y la realidad caminan en sentido contrario. Esta semana autotransportistas protestaron impidiendo el paso en varias carreteras para reclamar, entre otras cosas, un freno a los asaltos. Si llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Gobernación que hizo que la protesta cesara a los dos días fue para alivio de las personas, pero falta muchopara creer que será seguro viajar o transportar mercancías por tierra.
Y cuando no es el robo carretero lo que hay que temer, es a quedar atrapado en una insurrección criminal como la del jueves, cuando tras la detención un presunto criminal en Tamaulipas, Matamoros fue bloqueado paralizando esa frontera y atemorizando a la población. Sí, narcobloqueos como efecto de la acción policial exitosa, pero también temible demostración de la capacidad de reacción de los criminales.
Prueba de esto último también se tuvo en semanas recientes, cuando tras semanas de operativos contra presuntos delincuentes en el sur de Morelos, el gobierno de ese estado resolvió liberar a un capo luego de que la banda criminal golpeada retuviera a un par de policías estatales, forzando a un trueque que humilla a la autoridad y confirma que los reportes de avances a los criminales los tienen sin cuidado.
Similar desdén de los delincuentes por las instituciones y sus operativos quedó claro en la persona de Reynaldo Pérez Pérez, el defensor de derechos humanos asesinado en Chenalhó, Chiapas, el miércoles pasado. El representante de familias desplazadas fue ultimado a pesar de que formaba parte del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas desde 2023.
El caso de Pérez Pérez sucedió apenas dos días después de otra expresión de fallas institucionales, cuando tras el doble homicidio en Ostuacán, Chiapas, de Miriam Cruz de 55 años y de la menor Ariana Velázquez de 12 años, siguió el linchamiento por parte de pobladores de los dos presuntos autores de esos feminicidios (que estaban detenidos), uno de los cuales fue decapitado. Como parte de este recuento de sucesos que ensombrecen el panorama, hay que consignar que si bien se supo que siete de los ocho campesinos originalmente retenidos en El Balcón, Guerrero, a finales de septiembre fueron liberados por sus captores (para nada por las autoridades), uno de ellos aún no regresa, a pesar de que su familia ha hecho vía video peticiones de ayuda a la presidenta.
Los diferentes hechos aquí someramente relatados se tienen que enmarcar, además, en ese rumor que se escucha cada vez más insistentemente sobre el crecimiento de las bandas dedicadas a la extorsión en todo tipo de actividades productivas.
El derecho de piso ha incluso quedado solo como una faceta de ese delito: se habla cada vez más de cómo imponen proveedores y precios, y no solo cuotas. Se están volviendo dueños de los negocios, pervirtiendo las cadenas productivas, un poco como en la política, donde pasaron de patrocinar candidatos en las campañas a cambio de protección o puestos, a querer imponer ellos mismos a gobernantes.
Atacar la extorsión en sus distintas modalidades supone un reto extra. En parte esa actividad delincuencial ha de ser perseguida por las autoridades de los estados, por ser delito del fuero común. Pero dado que la administración Sheinbaum centralizó la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada, ¿no se incentivó de paso que entidades federativas esperen que la Federación les resuelva el tema?
El aumento de la extorsión, que para más complejidad su cifra negra es enorme por el miedo a denunciar, ¿se debe como creen algunos a que el gobierno ha golpeado estructuras delincuenciales y por tanto los criminales se "diversifican" en búsqueda de dinero con "menor riesgo", o es otra muestra de que si no hay contención por parte del Estado las actividades ilegales copan todo lo que quede a su alcance?
La retórica de los números a la baja en toda clase de robos y en los homicidios choca de frente con la explosividad de eventos delincuenciales como la docena de muertos en dos días de riñas en el penal de Mazatlán al arrancar la segunda semana de este mes, o los narcobloqueos en Matamoros del último jueves de octubre; en medio, las voces que alertan por derecho de piso en Edomex o Guanajuato.
Hace casi un año, el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo en plenas celebraciones de las fiestas de los difuntos sacudió a México y al gobierno de Sheinbaum. Antes de ser ejecutado en medio de cientos de personas, el edil, que hizo de la cruzada anticrimen en su municipio michoacano seña de su gobierno, reclamaba apoyo a la presidenta. Al caer muerto descarriló toda la retórica gubernamental.
Doce meses después, los datos de Palacio siguen, salvo en extorsión, bajando; y prácticamente lo mismo se puede decir de que en ese periodo la sociedad mexicana ha padecido masacres y asesinatos, una guerra imparable en Sinaloa, crisis por la desconfianza de Estados Unidos, y señalamientos de complicidad de policías y políticos de distinto nivel con el narco, que en parte explicaría la extorsión.
Octubre trajo noticias de otras graves crisis, la de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, y la de disfunción gubernamental y brutalidad policiaca en Jalisco ante reclamos por agua contaminada que el gobierno estatal entrega. Si esas polémicas no hubieran existido, el tema de la violencia estaría ahí, aguardando la compleja tarea de conciliar la narrativa presidencial con la simple realidad.
