El arresto de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México tiene el peso de mil piedras. Su nombre no es lo de menos.
Acusado por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red dedicada a la delincuencia organizada, al contrabando de combustibles y delitos contra la Ley de Hidrocarburos –tres tipos penales–, el político panista de 74 años permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Ruffo duerme hoy en la misma cárcel de máxima seguridad por la que antes pasaron Joaquín El Chapo Guzmán y su hijo Ovidio.
Alrededor del exgobernador se ha levantado un vistoso muro de contención mediática que contrasta con una defensa legal sembrada de irregularidades.
La prisa no me hará extraviar el paso.
La FGR sostiene que Ruffo –accionista del 33% y secretario del Consejo de Administración de la empresa aduanal Ingemar– participó en una estructura que introdujo al país, desde Estados Unidos, millones de litros de gasolina y diésel de contrabando.
El esquema descansaba en una aritmética elemental: donde entraban cien mil litros, los papeles declaraban diez mil. ¿Los otros noventa mil? Perdidos entre la tinta y la realidad. ¿El resto? Escondidos entre lo señalado en el pedimento y lo que cabe en el carrotanque. Esa simulación aduanera –una de las formas del llamado huachicol fiscal– habría dejado un daño al erario superior a los 5.400 millones de pesos.
Frente a una imputación de ese tamaño, la respuesta primera del entorno de Ruffo fue levantar un aparato mediático. El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo se constituyó en diez entidades, mientras dirigentes políticos, un expresidente y abogados se congregaban frente a la FGR para denunciar persecución política.
Pero lo que vimos en medios no tuvo correlación en tribunales.
La muestra más nítida está en el manejo de la medida cautelar. La ley contempla que, tratándose de imputados mayores de 70 años o afectados por una enfermedad grave, el juez puede ordenar que la prisión preventiva se cumpla en casa. Con 74 años y, según afirma su defensa, padecimientos que exigen tratamiento médico, Ruffo reúne las condiciones objetivas para acceder al beneficio.
La defensa lo pidió desde la audiencia inicial. La jueza lo negó. Ante una decisión que mantenía en el Altiplano a un hombre de 74 años y con los padecimientos que sus propios abogados alegaban, la defensa no mostró buenos reflejos para combatirla mediante amparo.
El amparo contra aquella negativa terminó por llegar tarde. Muy tarde. Todavía hace unos días, la Fiscalía General de la República no había sido notificada de que la defensa solicitará el cambio de medida cautelar para que Ruffo durmiera en su domicilio.
Hasta el día de ayer parece haber sido otorgada una suspensión definitiva cuyos efectos no son conocidos.
Que haya transcurrido más de un mes entre la audiencia inicial y el otorgamiento del amparo resulta difícil de explicar para la defensa.
Luego vino el segundo tropiezo y, con él, la sospecha de que la negligencia legal de la defensa no es accidental sino sistemática. El caso empieza a parecerse menos a una escalera recta que a una de caracol.
En un intento por defender la honorabilidad de su padre, Verónica Ruffo ofreció diversas entrevistas a medios. En ellas relató que, desde 2024, Ruffo había comenzado a sospechar de irregularidades después de revisar los pedimentos. Dijo que su padre encaró a la apoderada responsable, que contrató a dos abogados para averiguar qué estaba ocurriendo y que, una vez advertido el problema, intentó vender sus acciones y abandonar el barco.
Intentando probar que su padre había reaccionado, terminó revelando que sabía.
Para quienes han sostenido que no había elementos siquiera para investigar a Ruffo y que el expediente sólo podía explicarse como persecución política, ahí tiene usted algo de carnita: según el relato de su propia hija, Ruffo conoció indicios de irregularidades.
¿Qué sabía Ruffo? ¿Desde cuando lo sabía? ¿Y qué hizo después de saberlo?
¿Ruffo tuvo conocimiento de hechos delictivos y no los denunció? ¿Realizó después alguna conducta que pudiera constituir encubrimiento? ¿Ruffo cometió lavado de dinero al vender acciones después de conocer las acciones ilicitas de la empresa? ¿Ruffo recibió 18 millones de pesos –en préstamo, dice– de una sociedad de la que sospechaba? Si el relato de la hija es exacto, el problema deja de ser qué ocurrió dentro de Ingemar y pasa a ser qué hizo Ruffo cuando comenzó a sospecharlo. Ante indicios de un fraude aduanero millonario, pedir explicaciones, contratar investigadores privados o buscar la venta de sus acciones no equivale a presentar una denuncia ante la autoridad.
Corresponderá a los tribunales determinar si alguna de esas conductas es penalmente relevante.
La exposición pública a la que ha estado sujeta Verónica Ruffo, lejos de despejar dudas, ha terminado por plantear nuevas.
Ante ese panorama, las preguntas se me acumulan. ¿Con qué mano defienden a Ruffo: con la izquierda o con la derecha? ¿Lo defienden para ganar o para que nada cambie? ¿A quién beneficia que no enfrente el proceso desde su domicilio? ¿Por qué tardaron en combatir la negativa? ¿Por qué una defensa tan activa frente a las cámaras es tan errática frente al expediente? ¿Por qué han dejado sola a su hija?
Entre tanta consigna, la defensa olvidó su plegaria.
Algo no termina de cuadrar en la defensa de Ernesto Ruffo. Cálculo político, incompetencia jurídica o una mezcla de ambas: tantos parecen dispuestos a defender su causa que cuesta entender quién está defendiendo a Ernesto Ruffo.
